Las rutas de autobuses 101 A, B y D enfrentan “proceso sancionatorio administrativo” por incumplimiento de horarios y frecuencias.
Según información del Viceministerio de Transporte, VMT, difundida en Twitter, los concesionarios de esas rutas fueron notificados el miércoles sobre el proceso en su contra.
“Las denuncias recibidas son por incumplimiento del Plan General Operativo de la ruta, en el sentido que no se estaba prestando el servicio con la frecuencia y horarios requeridos”, detalló en la misma red social el director de Transporte Terrestre, Raúl López Velado.
Te puede interesar: Catalino Miranda seguirá en prisión, según resolvió Cámara de lo Penal
El funcionario no específico en qué consiste el “proceso sancionatorio administrativo”, pero sí argumentó “en ese sentido, el incumplimiento de horarios vienen a afectar la economía familiar, ya que la población debe abocarse a otras alternativas de movilidad más onerosas”, sostuvo López Velado.
Hace poco más de dos semanas, el 12 de marzo, el gobierno retiró la concesión del servicio del transporte público a las las rutas 42 y 152 que administraba su sociedad ACOSTES.
A la empresa también le decomisaron 293 unidades, entre ellas 215 microbuses y 78 autobuses.
La toma irregular de esa empresa por parte del Gobierno ocurrió tras la supuesta denuncia de los usuarios por el incremente en la tarifa de pasaje.
En las primeras horas de la medida sancionatoria, las unidades fueron conducidas por militares y luego Obras Públicas improvisó la contratación de motoristas, donde también fue incluida parte de la anterior planilla de choferes.
El empresario Catalino Miranda, el rostro conocido de ACOSTES, fue capturado aquella misma noche.
A Miranda lo acusan de cometer el delito de desórdenes públicos, resistencia y venta a precio superior.
El martes la Cámara Tercero de lo Penal de San Salvador resolvió en contra una apelación puesta por la defensa de Catalino Miranda, el recurso buscaba la sustitución de medidas a la detención emitida por el Juzgado Décimo de Paz.