Marbely Medina lleva más de cuatro meses de estar privada de libertad arbitrariamente por el sistema penitenciario. Desde el pasado 9 de mayo, existe una orden judicial de ponerla en libertad, según manifiesta Reyna Aguilar, la madre de la joven.
Marbely es la madre de Génesis, una bebé que este 17 de septiembre cumplió cuatro meses de haber muerto luego de permanecer seis meses en prisión, junto a su madre, donde su salud decayó a tal punto que apenas logró sobrevivir un mes fuera de prisión bajo tratamientos médicos.
La joven fue capturada el 22 de agosto de 2022, en un comunidad rural del municipio y departamento de Ahuachapán, por policías que conocían tanto a Marbely como a Reyna, y sabían que la joven no era pandillera. Pero los policías le dijeron que habían recibido una llamada anónima y que tenían que capturarla.
A principios de este año, mientras Reyna luchaba por recuperar la salud de Génesis, su nieta, recibió una llamada con la buena noticia de que su hija ya tenía carta de libertad. Un juez ordenaba que saliera de la cárcel bajo dos condiciones: no salir del país y presentarse cada 15 días a firmar a un juzgado.
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Sin embargo, eso solo fue un espejismo en medio de la tribulación de Reyna. Génesis murió el 17 de mayo y la libertad de su hija Marbely nunca sucedió. Si las autoridades penitenciarias hubiesen acatado la orden judicial de libertad, Marbely habría asistido al entierro de su niña.
De momento, Reyna no sabe si su hija se ha enterado de la muerte de Génesis, porque cuando ella llamó al centro penal de Apanteos y solicitó que le informaran a su hija de que su niña había fallecido, la respuesta que obtuvo fue que eso no era importante y que no les importaba, según narra la madre.
A más de cuatro meses de que las autoridades penitenciarias están desobedeciendo la orden de libertad, Reyna asegura que ya no halla qué hacer. En la Procuraduría General de la República (PGR) sólo le dicen que debe tener paciencia y que hay que esperar hasta noviembre, cuando comiencen a hacer las audiencias.
En la Procuraduría de Derechos Humanos hicieron menos, asegura Reyna. Allí solo le dieron el número de teléfono del penal de Apanteos para que llamara y pidiera información.
“Yo pienso lo peor porque ella padecía de la cabeza y estaba en tratamiento psicológico. De este no tengo documentos porque cuando los fui a solicitar, me dijeron que no me los podían dar; que la defensora (abogada de la PGR asignada al caso) era quien tenía que solicitarla”, cuenta.
Durante las primeras semanas posteriores al aviso de que su hija tenía carta de libertad, Reyna viajaba todos los días, por las tardes, al penal de Apanteos, con la esperanza de que entre las mujeres liberadas cada tarde, estuviera su hija. Pero la situación económica ya no le permite hacer el gasto diario en transporte, por eso ya no va todos los días.
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Y es que Reyna cuenta que su situación económica se complica cada día más. “Tras que uno es pobre y este gobierno ha venido a empobrecer a uno más. Cuando menos gasto, son 75 dólares los que se me van en comprar el paquete (de medicinas, alimentos y artículos de aseo personal) que hay que llevarle cada mes”, afirma.
Reyna también tiene que cuidar al primer hijo de Marbely, de cinco años. El 14 de septiembre se le puso muy mal de salud y tuvo que llevarlo donde un médico. “Me hubiera gustado ir a la marcha del 15 a denunciar el caso de mi hija pero no pude porque el niño se me puso grave”.
A pesar de la edad, afirma Reyna, el niño resiente mucho la ausencia de Marbely, a tal punto que lo tiene en tratamiento psicológico que le proporciona una institución estatal.
“Tan solo una vez he visto a mi hija, cuando regresaban de pasar consulta. Pero comienzo a pensar lo peor. Al penal de Apanteos entran y salen a cada rato los carros de Medicina Legal. Uno pregunta pero nadie le dice nada”, cuenta con tono de angustia la mujer, para quien el milagro que decía esperar en cualquier tarde, de ver salir a su hija de la cárcel, nunca llega.
No solo con los del régimen de excepción
El de Marbely no es el único caso de personas que están privadas de libertad arbitrariamente por el sistema penitenciario, en desacato a mandatos de jueces que ya ordenaron su libertad.
Yeni es una joven que también ha comenzado a preguntarse si su madre sigue viva o si está muerta y por eso no sale en libertad.
La mamá de la joven fue apresada en una colonia de Soyapango, tras una denuncia anónima en la que supuestamente la policía fue informada de que Ana colaboraba con pandillas.
Como eso no era cierto, en abril de este año, un juzgado ordenó que fuera puesta en libertad inmediatamente. Pero han transcurrido cinco meses y el sistema penitenciario no obedece la orden judicial.
Este frecuente desacato del sistema penitenciario no es solo con las personas capturadas bajo el régimen de excepción.
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El pasado 18 de julio, el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán decidió sobreseer definitivamente (declarado inocente) a René Edgardo Aguilar Castaneda, del delito de amenazas con agravación especial y, obviamente, ordenó que fuera puesto en inmediata libertad.
Sin embargo, en lugar de acatar la orden judicial, Aguilar Castaneda fue trasladado del Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana, hacia el complejo penitenciario La Esperanza, mejor conocido como penal de Mariona.
El 29 de agosto, el mismo juzgado reiteró la orden de poner en libertad inmediata a Aguilar Castaneda. Sin embargo, el sistema penitenciario sigue sin obedecer la orden judicial.