El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, advirtió que pretende encarcelar a 80,000 pandilleros que operan en el territorio salvadoreño y que “no descansarán hasta detener al último de ellos”.
Hasta el jueves la Policía había capturado a 41,846 personas acusadas de pertenecer a pandillas desde que comenzó el régimen de excepción, una especie de estado de sitio que suspende derechos constitucionales de los salvadoreños como el de reunión y asociación y permite la inviolabilidad de las comunicaciones y mantener detenidos a los capturados hasta por 15 días sin que un juez vea si hay pruebas contra ellos.
Según la Fiscalía General de la República, de los 41,000 capturados, 33,248 han sido enviados formalmente a prisión por un periodo de seis meses, en tanto que otros 8,000 aguardan la audiencia ante los jueces.
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La Fundación Salvadoreña para la Aplicación del Derecho (FESPAD) informó en su momento que para el 31 de diciembre de 2021 el sistema penitenciario ya tenía 37,190 reclusos pero capacidad para 27,209, a los cuales se están sumando los capturados en las redadas.
Para el 31 de mayo, la población carcelaria ya se había duplicado en los primeros dos meses del régimen de excepción. Danilo Flores, del Observatorio Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), dijo: “Antes del régimen de excepción ya había hacinamiento y sobrepoblación aproximada de 119 %, si a eso sumamos las 35,009 capturas en los primeros 62 días del régimen nos da una sobrepoblación del 232 %”.
Si, con base en los datos de FESPAD, para fines de 2021 había una sobrepoblación de 9,981 personas, ahora con 41,846 detenidos más en los centros penales, la población total es de 79,036. Es decir que hay 51,827 presos más que los que capacidad el sistema de alojar. Una sobrepoblación que equivale al 290 %, a los que eventualmente se sumarán cerca de 40,000 más si se cumplen los planes del gobierno.
El ministro Villatoro, por su parte, dice que van a seguir “hasta capturar al último pandillero”.
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“Esta república independiente no va a ceder a las presiones, cuando quieran, les entregamos los 80 mil que vamos a meter a la cárcel", declaró al parecer en alusión a las denuncias de organismos humanitarios nacionales e internacionales de sobresaturación de las cárceles, muertes inexplicadas de cerca de 40 reos y detenciones arbitrarias.
“Todavía nos faltan muchos pandilleros que capturar pero sepan que no vamos a ceder", afirmó en un acto de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) en el que graduaron a un contingente antimotines para el sistema penitenciario.
A este respecto, la defensora de derechos humanos Celia Medrano advirtió que el régimen de excepción está propiciando violaciones a los derechos humanos y la muerte de decenas de personas, lo cual da lugar a “un proceso internacional contra El Salvador por violaciones sostenidas de lesa humanidad”.
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“Estamos ante un régimen de excepción permanente que difícilmente garantizará seguridad de manera sostenible a la población, pero si garantiza la consolidación de la militarización de la seguridad pública al evidenciarse incapacidad de controlar delincuencia sin recurrir a violentar la Constitución y justificar violaciones a derechos humanos”, subrayó.
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