Este 22 de marzo, las organizaciones, poblaciones y liderazgos de diferentes comunidades que defienden los derechos humanos, se reunieron frente a la Asamblea Legislativa para expresar su descontento con la Ley de Recursos Hídricos aprobada el 21 de diciembre de 2021 por diputados y diputadas, la mayoría del partido oficialista.
Entre consignas, bailes y carteles, los asistentes a la convocatoria, en gran parte mujeres, en conmemoración al Día Internacional del Agua denunciaron que el acceso a ese recurso debe ser garantizado desde el Estado, como un derecho humano. Entre los principales mensajes que sostenían en sus manos estaban: “El agua no debe ser un privilegio”, “El agua dejó de ser un derecho humano y se convirtió en un negocio rentable para invertir”, “Miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua”.
Las mujeres tomaron un rol protagónico en el desarrollo de la manifestación e hicieron énfasis en las implicaciones que tiene en sus vidas la falta de acceso al agua. Antonia Recinos, proveniente de una comunidad en Cabañas, dijo que para las mujeres defender el agua tiene un sentido mucho más amplio, porque son las encargadas de recaudarla y quienes principalmente enfrentan la crisis de carencia del líquido. "Somos a quienes socialmente nos han asignado las tareas de cuido y la alimentación de nuestras familias, por eso las mujeres tenemos un vínculo permanente con el agua ”, dijo.
La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua y el Foro del Agua presentaron un comunicado en el que establecen que las organizaciones civiles han tenido que luchar por más de 15 años para que se apruebe una Ley General de Agua que beneficie a las mayorías del país. Además, expresaron el descontento sobre el hecho que, aunque se abrió un diálogo con ellos para poder establecer una ley, no se tomaron en cuenta sus propuestas.
Infaltables en la Ley
Las organizaciones de la sociedad civil han determinado cinco elementos que deben ser infaltables dentro de una ley de agua: el agua como bien público, derecho humano al agua y saneamiento, gestión pública con participación efectiva de la sociedad, régimen económico justo y equitativo y una gestión sustentable de las cuencas hidrográficas. Sin embargo, para quienes se reunieron hoy frente a la Asamblea Legislativa, en la ley no se visualiza de forma clara cuál será el mecanismo para hacer efectivo el derecho humano al agua.
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Luis González, abogado de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), aseguró que estas propuestas de organizaciones y la sociedad civil no han sido tomados en cuenta. La Ley de Recursos Hídricos, según declaró Gonzalez, da autorizaciones a empresas o sectores privados por 15 años de forma renovable en grandes cantidades de agua, “esto afecta a las comunidades más pobres y vulnerables, siendo esto una forma de privatizar el agua”, mencionó.
Nicolás Sánchez llegó desde Nahuizalco representando a las poblaciones indígenas, es miembro del Movimiento de Reivindicación Indigena de Nahuizalco y dijo que en su comunidad es alto el número de personas que no tienen acceso a agua, la mayoría se abastece de nacimientos o de pozos.
También está en desacuerdo con la Ley de Recursos Hídricos aprobada en diciembre por la Asamblea Legislativa. “Hemos venido a exigir a los señores diputados que deroguen la ley que han aprobado, esta ley tiene un enfoque mercantilista del agua, lo que pretenden es hacer dinero del agua”, dijo. Esto hace que perdure la marginación que enfrentan desde hace muchos años, según Sánchez, porque “quien tiene más posibilidades de tener agua, es quien tiene dinero”, contó.
Judith Barrera, del colectivo Salvemos el Valle del Ángel, mencionó que con la llegada de los proyectos urbanísticos se vulnera principalmente el derecho humano al agua pero también se agudizan las desigualdades en toda la población y principalmente en las mujeres, ya que esto dificulta el acceso a otros derechos como la alimentación, “si se privatiza el agua ya no va haber ni siquiera para cultivar, porque se prefieren y se priorizan los intereses económicos de las grandes empresas para la construcción de proyectos urbanísticos que contaminan el territorio”, afirmó.