El Gobierno seguirá administrando las 293 unidades de la cooperativa Acostes de R.L., cuyo representante legal es el empresario Catalino Miranda, y abrirá un proceso de licitación para entregar la concesión de sus líneas a otras empresas, informó ayer por la mañana el titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MOP), Romero Rodríguez, durante una entrevista en Canal 21.
Rodríguez explicó que el Viceministerio de Transporte (VMT) confirmó una serie de irregularidades en la gestión de las unidades de Acostes de R.L., las cuales les llevaron a intervenir
Consultado sobre por qué se ha individualizado todo en la detención del empresario de transporte Catalino Miranda, el funcionario respondió que “lo que sucedió con él es que cometió diferentes ilegalidades”, pero no quiso profundizar en el caso de Miranda y solo agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) “ se encargan del tema”.
“El VMT solo tiene relación con una persona, y es la sociedad Acostes de R.L. Él puede contratar a los motoristas, pero los concesionarios tienen que establecer controles con sus motoristas y empleados. Los jueces van a establecer los hechos, hay tipificación en el Código Penal sobre estos temas”, agregó Rodríguez.
Sobre la licitación que abrirán, el ministro explicó que pondrán a disposición las rutas 42 y 152 para “la mejor empresa que pueda brindar el servicio”, que garantice que las unidades estén en buenas condiciones y tengan GPS” para operar.
VER: Persisten problemas en servicio de rutas 42 y 152 que administra el Gobierno
El funcionario agregó que “hay un proceso legal que hay que seguir” en cuanto a la intervención que han hecho de las 293 unidades que están en poder del Gobierno desde el domingo pasado, por lo cual será después de ese proceso que finalmente se licite y se elija a la empresa que tomará la concesión de estas dos rutas, que conectan puntos como el centro de San Salvador, Ciudad Merliot, Santa Tecla, UCA y Zaragoza.
Tras advertir que por ahora la gestión de las unidades se mantendrá bajo la gestión gubernamental, el funcionario no dio un periodo determinado de cuánto durará tal medida, y solo dijo que por ahora “se ha suspendido la concesión” que tenía Acostes de R.L. para las rutas 42 y 152, por lo que “cuando terminemos esto, informaremos”.
También informó que seguirán contratando personas para que sean conductores de las unidades de transporte que ahora administra el Gobierno, y desmintió que estén admitiendo a motoristas que no tienen licencia de conducir.
Sobre el caso de un joven que dijo no tener su documento pero que había recibido órdenes para conducir una de estas unidades, Rodríguez comentó “Hay motoristas que no eran del MOP sino que pertenecen a la empresa Acostes de R.L, creo que hubo confusión en este caso”.
Así mismo, Rodríguez explicó que para hoy se podría instalar una negociación con la Mesa Nacional de Transporte y el Gobierno, con el fin de abordar lo ocurrido con la cooperativa Acostes de R.L. que representa Catalino Miranda, así como los pasos a seguir para iniciar una modernización del sistema de transporte público.
“Quieren más recursos del Gobierno, que les cambiemos las flotas, un pasaje más alto, pero no cumplir con las leyes de El Salvador. No podemos aceptar eso”, añadió.
¿Confiscación?
Durante la plática en TV, Rodríguez fue cuestionado sobre si los actos del Gobierno en cuanto a apoderarse de las unidades de Acostes de R.L. cae en la figura de una confiscación de bienes privados, como lo han señalado diversos abogados del país y representantes de partidos políticos de oposición.
El titular del MOP rehuyó ocupar esa palabra, y se limitó a enfocarse en que “estamos tratando de garantizar el servicio a la población, que se puedan mover a diversos sectores. Estamos haciendo la administración de estas unidades (de Acostes de R.L.) para no dejar (a la ciudadanía) sin servicio de transporte, y se han puesto unidades de las instituciones para hacerlo” sin cobrar pasajes a los usuarios.
Son unas 150 unidades de la cooperativa que representa Catalino Miranda las que está operando personal del Gobierno, confirmó Rodríguez, y además han ocupado vehículos de instituciones como el ISSS, Conna, Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), ministerios de Vivienda y Economía, e incluso de la Alcaldía de San Salvador que dirige Mario Durán, del partido oficialista Nuevas Ideas.
Sobre el uso de militares para cumplir esta función de conductores y seguridad, a pesar de que no se trata del rol para el que existe una Fuerza Armada, Rodríguez destacó que “el Ministerio de la Defensa ha sido vital para conducir las unidades y garantizar la seguridad, y también la PNC nos está apoyando para ambas cosas”.
