“Hasta el último día estuvimos por agrupaciones ilícitas. Por mí fue el viceministro de Seguridad de los Centros Penales un señor que andaba muy custodiado, el señor Osiris fue con una persona que se llama David Cruz. Lo que yo dije en el video fue todo lo que ellos me dijeron”, declaró el colombiano José Antonio Potes, de 27 años, a un medio de su país natal.
El extranjero aseguró al sitio Noticias Uno, de Colombia, que bajo presión fue obligado para que grabara un video diciendo que todo se había tratado de un mal entendido, y que su detención en El Salvador se debió a un problema migratorio porque no tenía permiso para trabajar. Pero Potes reitera que la razón por la que fue encarcelado fue porque se le acusaba de ser pandillero.
Potes Cáez viajó 1,700 kilómetros, desde su domicilio en Riofrío, en Valle del Cauca, Colombia, hasta San Salvador, El Salvador, atraído por la propaganda gubernamental salvadoreña, amplificada por muchos creadores de contenido en redes sociales incluyendo colombianos, en busca de un mejor futuro para sí y su familia. Pero lo que encontró fue un infierno en lugar del paraíso.
De la detención de Potes Cáez se enteró su familia porque el procedimiento policial fue presenciado por otro colombiano que lo acompañaba, quien también está detenido, aunque de éste no se sabe la identidad
Después de tres meses de permanecer recluido en una cárcel salvadoreña, tras su detención arbitraria por el delito de agrupaciones ilícitas, en el contexto del régimen de excepción, el joven fue repatriado el 1 de mayo a Colombia donde fue recibido por sus familiares en el Valle de Cauca.
Según las declaraciones de José Antonio, al medio colombiano, luego de su salida de la cárcel lo trasladaron a un hotel en San Salvador donde lo tuvieron vigilado las 24 horas del día.
Potes decidió viajar deslumbrado por todas las cosas que se dicen de El Salvador y del gobierno de Nayib Bukele en relación a la seguridad y a la economía; sin pensar que sería capturado, tan solo por tener tatuado el nombre de su abuela. Fue capturado el 21 de enero de este año.
Sin embargo, la buena intención del colombiano fue frustrada por fuerzas policiales y militares salvadoreñas que por más de un año han detenido a más de 67,000 personas, entre las cuales se encuentran centenares que no tienen ninguna relación con pandillas, pero que el gobierno salvadoreño las etiqueta como “terroristas”.
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