Por Si el silencio pudiera oírse, su sonido en estos días en El Salvador sería ensordecedor. Pasan muchas cosas y nadie dice nada. Me refiero no a los periódicos, o al menos a algunos de ellos, que publican y comentan lo que pasa, sino a la gente que está relacionada directamente con las cosas que suceden, y a lo que normalmente se le llama la sociedad civil. Por ejemplo, el gobierno anunció hace ya varios días que tiene el dinero para pagar el vencimiento de bonos que toca en enero de 2023. Entre las fuentes que mencionó estaban dineros que saldrían de hacer una reforma de pensiones. Sorprendentemente, este anuncio se ha enfrentado a un silencio total, a pesar de que afecta negativamente a cientos de miles de personas, causándoles un daño muy fuerte en su situación económica. Para mucha gente, los ahorros de pensiones son los únicos que tiene, son la esperanza para un retiro digno. Y, con estas declaraciones, y otras más que ha hecho desde hace un par de años, todo indica que el gobierno quiere expropiárselos.
Por años el gobierno ha dicho que el propósito de esta reforma tendría como propósito dar mayores pensiones a un mayor número de personas, y ha negado que la quiere hacer para tomarse los recursos de los fondos de pensiones y gastárselos en otras cosas diferentes a las pensiones. Pero con estas declaraciones, el gobierno ha reconocido públicamente que eso ese exactamente lo que quiere hacer. La reforma, en vez de meter más dinero al sistema para que pague más pensiones, lo sacará para pagar deudas a otros, no a los pensionados. Aunque el gobierno no ha anunciado cómo sería la reforma, es obvio que el dinero adicional para pagar la deuda externa vendría de una expropiación de los ahorros que son propiedad de los ahorrantes. Bajo el sistema actual, el gobierno podría tomar dinero prestado de los fondos, como lo ha hecho desde que el sistema se creó. Pero una expropiación dejaría al gobierno con todos los recursos ahora depositados en los fondos, sin tener la obligación de pagarlos, ni estos ni todos los dineros que los ahorrantes le han prestado en tanto tiempo.
Mucha gente cree que los que van a perder este dinero son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), pero los que los pierden son los pensionados presentes y futuros, que tienen apuntado en sus libretas lo que tienen ahorrado. En vez de esos depósitos, tendrán una promesa del gobierno, que no tiene con qué pagar sus deudas, de que les pagará ese dinero cuando les toque cobrar sus pensiones. Si el gobierno tiene que expropiarle su dinero a los pensionados actuales y futuros, para pagar sus deudas, usted puede imaginarse que a la hora de hacer los pagos de las pensiones también tendrá dificultades, especialmente porque es obvio que el gobierno le da muy baja prioridad a cumplir con las obligaciones que tiene con el sistema de pensiones. Si quisiera ayudar a que se paguen pensiones mejores, lo que debería hacer es pagar tasas de interés más altas en todo el dinero que ha tomado prestado de los pensionados. Eso hace la diferencia entre una pensión buena y una insuficiente. Las tasas que paga son tan bajas que no alcanzan a pagar los gastos. Hace unos días anunciaron que el rendimiento de las inversiones de los fondos es negativo (hacen pérdidas). Eso es porque el gobierno paga tasas tan bajas.
Lo extraordinario es que la gente que está obligada a defender los ahorros de los pensionados no dice nada y no da señales de querer decir algo. Las instituciones que en otras ocasiones han protestado por el pago injustamente bajo de intereses y por las intenciones, que otros gobiernos también han tenido, de confiscarles el dinero a los ahorrantes, tampoco han dicho nada.
El silencio se debe en parte a que las instituciones que manejan los fondos no pueden hacer ninguna declaración pública si no tienen autorización del mismo gobierno, que es el que se quiere quedar con los fondos. Es como pedirle al lobo que defienda a la Caperucita Roja en vez de comérsela.
Pero hay otros sectores e instituciones, como los sindicatos y asociaciones de empleados, que deberían defender los intereses de sus afiliados. Éstos también han guardado un silencio estruendoso ante la amenaza contra sus ahorros. Los mismos ahorrantes y pensionados no han dicho nada tampoco y deberían hacerlo porque lo que van a perder es mucho. Pero, como todo el país, los que van a perder tanto también están en silencio. Este silencio no es sereno. Es como el descrito por Tácito: “Han hecho un desierto y dicen que está en paz”.