Dónde aprendieron la maña de robar, no viene al caso, aunque un buen número de personas lo imagina, pero los carceleros están exigiendo hasta mil quinientos dólares a visitantes para poder ver a los apresados en el régimen de excepción, que no cuentan con jueces imparciales que establezcan si había justificación para capturarlos.
Las soldadescas, a quienes su jefe les confiere el título de “jueces de la calle” —título que es una burla para todo juez que cumple con su cometido ético—, andan apresando “sin ton ni son”, no importando si son pandilleros o no, actos que destruyen vidas, don precioso que Dios da a los seres humanos.
Las familias no tienen más recurso que pagar, ya que no hay instancia para denunciar esa clase de extorsiones sin exponer a los reos a golpizas y otras represalias. Y tratar de que la queja llegue al Olimpo, al cuasi dios supremo, es prácticamente imposible, pues el tinglado se montó precisamente allí.
En su último informe sobre derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha denunciado que el régimen salvadoreño está efectuando capturas indiscriminadas, arbitrarias, que un centenar de reos ha muerto en las cárceles, hay desapariciones forzadas, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes y que la justicia no es imparcial.
El documento expone que hay “injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la censura y las amenazas de hacer cumplir las leyes penales para limitar la expresión”.
Por ahora la única sanción a quienes pisotean derechos humanos son los regañitos, aunque la Corte Penal Internacional ha dado un primer paso contra la impunidad al ordenar el arresto del envenenador y sicópata Putin por sus crímenes de guerra, lo que de inmediato provocó la respuesta del ministro de Relaciones de China declarando que “los jefes de Estado” son “inmunes”, o sea que pueden perpetrar todos los crímenes que deseen sin temer un castigo.
La queja era de esperarse de parte de alguien ligado a la cofradía internacional de dictadores y torturadores, que pueden a su antojo asesinar, perseguir, amordazar sin ser nunca responsables, lo que por ahora ha reducido a Putin a sólo poner sus ensangrentadas botas en tres o cuatro países.
Si “los jefes de Estado” no pueden ser apresados, ni Ortega ni Díaz-Canel, de Cuba, ni el podrido Maduro ni los ayatolas iraníes que tienen una red de infernales lugares para torturar pueden ser arrestados, como tampoco Vlad, el monstruo que dio origen a la leyenda de Drácula de Transilvania, ni Iván el Terrible podrían haber sido sujetos de cargos por una imaginaria corte.
Ser “Jefe de Estado” no es una licencia para torturar, asesinar, hacer desaparecer a opositores, una práctica común en la China de Xi Jinping, ahora de visita en Moscú “para estrechar fraternales lazos” con el monstruo que ha enviado a decenas de miles de rusos, muchos reclutados por la fuerza, a morir como carne de cañón.
Australia juzga s uno sus militares por el asesinato de un afgano
Las naciones que se rigen por un Orden de Derecho vigilan la conducta de sus nacionales tanto dentro como fuera de sus fronteras, como lo comprueba el que un militar australiano que mató a un civil en Afganistán esté siendo juzgado en Australia por ese crimen y enfrente hasta cadena perpetua.
Eventualmente los asesinos, los opresores, los autores de crueles torturas, reciben su merecido.