El Tribunal Supremo Electoral tiene las próximas horas para tomar una decisión verdaderamente histórica y hacer respetar la Constitución de la República frente a la pretensión de reelección presidencial, prohibida por la misma Carta Magna.
Hacer respetar la Constitución como juraron será realmente histórico; dejar que la pisoteen, como el solo hecho de solicitar la inscripción, será inaudito y quedará tristemente registrado en la memoria colectiva y documental de El Salvador.
La Constitución y las leyes se hacen para regir a las sociedades y no permitirles retroceder a las cavernas; burlarlas es propiciar que cada quien o un solo individuo haga su ley y disponga hasta de las vidas y bienes de los demás, como los señores feudales en el Medioevo. Si el primer responsable de cumplirla no lo hace, esto no es pretexto para que los demás lo sigan.
Ya se ha recordado hasta la saciedad que en al menos diez artículos de la Carta Magna se prohíbe directa o indirectamente la reelección consecutiva de un presidente, precisamente para impedir la entronización de dictaduras y despotismos. Pero también una sentencia de la Sala de lo Constitucional legítima de 2014 ordena que un presidente debe salir del cargo y esperar dos periodos para volver a aspirar a ocuparlo.
La Constitución salvadoreña y esta última sentencia de la Sala de lo Constitucional legítima son claras y no pueden ser cambiadas por un tribunal con una simple resolución de torcido texto, más si se trata de jueces impuestos para ese propósito.
“Nadie está por encima de la ley”, le acaba de decir el juez Arthur Engoron de Nueva York al expresidente Donald Trump, que día a día se hunde más y más en graves problemas judiciales, precisamente por no querer someterse a las leyes y la judicatura.
Los estadounidenses recuerdan que al solo llegar Trump a la presidencia emitió una orden ejecutiva antiinmigrante, la cual le fue suspendida por un juez, ante lo cual el gobernante todavía preguntó: “¿Estoy obligado a obedecerla?”.
Esto es lo que alienta a dictadorcitos y dictadorzotes a lo largo y ancho de este mundo: que una persona que representa la democracia más antigua del mundo, un orden de vida fundamentado en el respeto a los preceptos constitucionales, a lo que es racional y garantiza la libertad individual, quiera actuar como le venga en gana y lo que incluye amañar procesos electorales, deja atónitos a quienes consideran el Orden de Derecho como el fundamento de toda sociedad justa.
Una de las consecuencias de pisotear las leyes es el éxodo de tantos venezolanos y centroamericanos hacia el Norte, lo que está para convertirse en uno de los grandes temas electorales para el 2024 en Estados Unidos, un país forjado por inmigrantes que al entrar se comprometieron a respetar sus leyes, a ser buenos ciudadanos.
Por un similar trauma al que describimos han pasado los estadounidenses con los meneos de Trump para desconocer los resultados de las elecciones del 2020, pretendiendo que hubo fraude, lo que inclusive llevó al horror del asalto al Congreso, un evento en que se llegó al extremo de pretender “colgar” al entonces vicepresidente Mike Pence y a la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, que literalmente por minutos escaparon de la enloquecida chusma, varios de cuyos cabecillas han sido ya sentenciados a largas penas de cárcel pero no quien instigó el horror…
“Nadie está encima de la ley”
Una y otra vez los jueces le han recordado a Trump que no puede hacer “lo que le venga en gana” sin sufrir las consecuencias, principalmente por su comportamiento irrespetuoso en el juicio que se le sigue.
En estos momentos el Tribunal Supremo Electoral debe decidir sobre la candidatura oficialista, pero tiene que basarse en la Constitución y la sentencia que dejó la Sala de lo Constitucional legítima: un presidente debe esperar dos periodos para volver a aspirar a la presidencia.