El Salvador es uno de los países con legislaciones sobre interrupción del embarazo más restrictivas a nivel mundial. Somos uno de los 5 países de América Latina con penalización absoluta del aborto, lo que nos pone en riesgo a las mujeres, niñas y personas gestantes en cualquier embarazo. Cualquiera puede decir que la afirmación anterior no es cierta; sin embargo, ha quedado demostrado que lamentablemente un embarazo ectópico te puede llevar a la muerte porque el personal de salud no cuenta con las herramientas jurídicas para salvaguardar la vida de las mujeres.
La penalización absoluta no es algo aislado, provoca graves retrocesos en el desarrollo de un país. En El Salvador se ha tratado de normalizar los embarazos en niñas y adolescentes. Pero no es normal que una niña de 11 años sea víctima de violencia sexual y de paso se le obligue a llevar una maternidad forzada por toda una vida. La maternidad no es una etapa de la vida de las mujeres, se convierte en el proyecto de vida y es injusto que lo único que le ofrezcamos a las niñas sea una maternidad como proyecto de vida. Usted que me lee, ¿cree que una niña de 10 a 14 quiere ser madre o construir un proyecto de vida? Ustedes que se toman el tiempo de reflexionar en estás palabras ¿consideran justo que la única opción de una niña sea ser madre?
Recientemente se hizo pública una denuncia de cómo los cuerpos uniformados del ejército salvadoreño abusaron de una niña de 13 años. No es el primer caso que pasa en medio del régimen de excepción, de hecho la violencia sexual nunca ha sido parte de la erradicación de ninguna política pública de seguridad de ningún gobierno. Si esta niña víctima de violencia sexual de militar termina con un embarazo, ¿no les parece que ella será una niña con doble tortura de parte del Estado salvadoreño?
Beatriz fue la primera mujer salvadoreña que le pidió, al máximo tribunal de las Américas, que le brindara protección de la legislación de su propio país. A Beatriz El Salvador le negó su derecho a resguardar su salud por la penalización absoluta del aborto e impedir al personal de salud hacer su trabajo: salvar vidas. Le negaron la interrupción del embarazo a una madre que pedía desesperadamente que le salvaran su vida para criar a su hijo menor de 3 años. ¿Para qué está diseñada la penalización del aborto? La respuesta es sencilla, para castigar a las mujeres, niñas y personas gestantes que en su mayoría son empobrecidas.
Este país odia tanta a las mujeres que les niega el derecho a abortar y el derecho a prevenir un embarazo. No solo penalizan el aborto, prohíben desde Casa Presidencial el acceso a Educación Integral en Sexualidad. La actual Asamblea Legislativa prefiere legislar, en menos de 8 horas, sobre el bitcoin, que solo ha servido para generar dudas sobre el uso desmedido de los recursos del Estado, en lugar de sentarse a dialogar de problemas tan importantes como la oportunidad de garantizar el derecho a decidir para el 53% de la población salvadoreña.
Somos el país con la tasa de fecundidad más alta de América Latina. Eso no es ningún logro para los que ahora gobiernan. Los hombres que nos gobiernan creen que estos temas no son una prioridad bajo argumentos que no se basan ni en la ciencia ni en la realidad de las salvadoreñas. Morir a raíz de un embarazo de alto riesgo no es motivo de alegría. No es hermoso que las niñas mueran por un embarazo cuando el cuerpo no está preparado para gestar. No es estandarte de un país desarrollado cuando el país se hunde en círculos de pobrezas y violencias por embarazos no deseados.
Este país necesita seriamente debatir qué imagen quiere proyectar, la de un país desarrollado con carreteras de primer mundo, con una moneda digital, con modernización en los semáforos, pero con leyes tan restrictivas para los cuerpos de las mujeres, niñas y personas gestantes. No basta con tener el “presidente más cool del mundo”. Si nos morimos por la falta de interrupción de un embarazo, eso no es desarrollo, eso no es ser del primer mundo.
Activista feminista.