Los defensores de Derechos Humanos del Socorro Jurídico Humanitario, como actores legítimos de la defensa de la dignidad e integridad de la persona humana, reivindicamos los derechos y libertades fundamentales del ser humano, el Estado de Derecho y la Democracia frente a aquellos que tratan de deslegitimar la labor que realizamos en defensa de la integridad de los seres humanos detenidos arbitrariamente por el régimen de excepción, exponiéndonos a mayores riesgos de sufrir abusos y violencia estatal abierta y encubierta por agentes del Estado como ocurre actualmente, poniendo en peligro no sólo la labor de defensa de los Derechos Humanos de miles de personas detenidas de forma arbitraria sino la vida de los que ejercemos esta labor, en tanto que reproducen el discurso del oficialista que estigmatiza y nos tilda de opositores al régimen de excepcion y de estar defendiendo pandilleros.
Este discurso alienta el odio utilizando “términos simulados: “están conmigo o están con los pandilleros”. Lo grave de esta situación es que se envía un mensaje intimidatorio a toda la sociedad, que causa un temor generalizado en la misma, desanima al resto de personas defensoras a continuar ejerciendo la labor de denuncia, silencia a sus víctimas, perpetúa la impunidad e imposibilita la plena realización del Estado de Derecho y la Democracia. Ello porque los hechos en contra de las personas arbitrariamente detenidas, los señalamientos de cerca de 90 víctimas asesinadas en los centros de detención son denunciados por la organización que presidido, a demás de la criminalización de la juventud y la detención de un aproximado de 21 mil salvadoreños víctimas inocentes por el Estado.
Todo esto tiene un efecto amedrentador que trasciende a las personas que las sufren directa e indirectamente las agresiones estatales tanto públicas así como encubiertas.
Si bien las muertes o asesinatos representan la forma más grave de obstaculización al al ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, definitivamente van encadenados con la persecución, amenazas, hostigamiento y represalias por la exposición que realizamos de los abusos existentes por parte de actores estatales y paraestatales con el propósito de silenciar e impedir que llevemos acabo el destacable trabajo a favor de las víctimas inocentes y sus familias.
Debemos prestar atención a la estrategia del régimen de Bukele de la criminalización de todos aquellos que no comulgan con sus políticas estatales excepcionales. La sofisticación de acciones dirigidas a impedir la labor de defensa de los derechos humanos es enorme; implica la existente manipulación del derecho penal y la aplicación indebida del mismo, como tal sucede en la actualidad, con reformas indebidas y procedimientos atroces, juicios masivos e, igual, condenas masivas por el delito de asociaciones ilícitas sin evidencias sustanciales.
La calumnia, la difamación, las amenazas y la persecución no nos harán callar las injusticias del régimen excepcional.
Director de Asuntos legales Socorro Jurídico Humanitario.