La Asamblea Legislativa dispuso el mes recién pasado que las personas acusadas de pertenecer a las pandillas y que estén capturadas sean juzgadas colectivamente, lo que llevará a que grupos de unos 900 detenidos enfrenten un mismo juicio.
La legislación aprobada ordena el sometimiento de varios imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción, desde marzo de 2022, dice el decreto.
Por su parte, el vicepresidente del parlamento, Guillermo Gallegos, explicó que con esta disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal, lo que facilitará a la Fiscalía y a los tribunales el juzgamiento de los delincuentes.
Además, la Fiscalía podrá utilizar en un proceso judicial los mismos elementos de prueba en contra de un grupo de pandilleros cuando éstos pertenezcan a una misma célula o que operen en una misma zona geográfica o que hayan participado en un mismo hecho delictivo, añadió el diputado.
Las disposiciones, que nacieron de una iniciativa del presidente Bukele, también establecen que las personas detenidas bajo el régimen de excepción pueden permanecer presas hasta 24 meses antes de que la Fiscalía las lleve a juicio u ordene su liberación.
Las últimas reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, entre las que destacan el procesamiento por grupos de capturados durante el régimen de excepción, reflejan, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la insostenibilidad de esta medida de seguridad.
La reforma aprobada evidencia la insostenibilidad del régimen de excepción y las actuales políticas de seguridad del gobierno salvadoreño, ya que ha saturado las instituciones del sistema de justicia penal que, debido al volumen de trabajo, no dan respuesta efectiva en la resolución de casos, señaló.
WOLA, un centro de estudios que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente americano, sostiene que estas medidas ponen en duda la capacidad del Estado salvadoreño de cumplir con su obligación de debida diligencia que incluye, prevenir, investigar y sancionar la comisión de delitos, indicó el organismo.
De acuerdo con las disposiciones transitorias, aprobadas junto a las reformas la semana pasada por parte de la Asamblea Legislativa, los supuestos pandilleros detenidos bajo el régimen serán procesados por grupos, ya sea como clicas y no de forma individual.
Además, WOLA señala que la realización de juicios masivos podría implicar que la Fiscalía General no realice la investigación adecuada y que esto atente contra el debido proceso y el derecho de defensa de los casi 72,000 capturados.
Otro de los señalamientos que hace la organización es con respecto a la confesión que haga un imputado y que esta sea utilizada en la participación de otras personas en un delito. En un contexto de faltas de garantías judiciales y violaciones a derechos humanos, esta disposición podría conllevar a la comisión de tortura, uso excesivo de la fuerza pública e inclusive muertes bajo custodia del Estado denunció.
WOLA recomendó a la Sala de lo Constitucional que analice las reformas aprobadas y verifique el cumplimiento de los principios de legalidad y garantías judiciales basados en la Constitución.
También llama a Naciones Unidas para que vele por el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos en El Salvador.
Por último, WOLA exige al actual Gobierno de los Estados Unidos y comunidad internacional que denuncien las graves violaciones de derechos humanos que se comenten en El Salvador ya que han tenido un impacto generalizado sobre la población.
Abogada y defensora de los derechos humanos.