¿Qué amenaza representan los habitantes de las comunidades Santa Marta en Cabañas y Gualcho Usulután al gobierno y régimen del presidente Bukele?
¿Por qué tanta medida de fuerza militar contra una población completamente indefensa, cuya única arma es el uso de la libertad de pensamiento, organización y seguridad social entre ellos? Se espera que no estén siendo objetos de represalias por el hecho de ser bases históricas en aquel momento del FMLN. La limitación de derechos única y exclusivamente podrá ocurrir luego de que una persona o grupo de las mismas haya participado en la comisión de un delito o falta.
El incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos y agentes de autoridad está marcado por el irrespeto a las leyes y los procedimientos administrativos. Los procedimientos deberán en todo momento regirse bajo las reglas establecidas por el principio de legalidad, y no bajo criterios de ARBITRARIEDAD que pretende hacerlos norma general.
La persecución del delito debe llevarse a cabo bajo estrictos estándares de investigación independiente del grado o nivel de poder que tenga un indiciado, situación que el régimen de excepción ha omitido y lo continúa practicando. Lo que vemos con preocupación es que se está militarizado y reprimiendo a habitantes de comunidades que han venido desarrollando su propio estilo de vida, capacidad alcanzada a través sus propias energías y visión humana en el ánimo de ser más libres en sus fines sociales características que les son propias sin depender de la visión individualista y mezquina que impone el sistema económico a través de sus políticas mercantilistas. La política autoritarista del régimen quiere imponer a la sociedad en general conceptos de terrorismo, de guerra contra las pandillas a tal grado de someter a su voluntad una visión de quién no esté con el está contra el yendo más allá en la práctica del determinismo del que hacen eco de guerra contra los grupos terroristas.
Volvemos a hacernos la interrogación por qué el Gobierno del presidente Bukele dedica tanto fuerzo militar si en dichas comunidades no existen contrapartes armadas que amenace la seguridad interior del país. Semejante desmán contra los habitantes de las comunidades solo puede explicarse en un sentido amplio y peligroso como lo es declarar la guerra a la población Civil o parte de esta que manifiesta su desacuerdo con la manera de que se conduce el país. Las cabezas principales del crimen organizado o como se les quiera llamar están ocultas en las ciudades más grandes porque es allí donde tienen el agua o la montaña en la cuál pasan inadvertidos y no en el campo, como lo quieren aparentar.
Hay que destacar que tanto la comunidad Santa Marta como Gualcho desarrollaron su propia organización y ello les ha permitido desarrollar sus métodos de defenderse de la delincuencia organizada, no solo de las estructuras criminales que azotan el país, sino también de poderes económicos de facto que han querido contaminar los mantos acuíferos como a ocurrido en el departamento de Cabañas con los intereses mineros.
El gobierno del presidente Bukele debería ser más cauteloso al ordenar operativos militares contra la población de estas comunidades que por años han vivido en paz sin injerencias militares y policiales en sus vidas cotidianas.
El Socorro Jurídico Humanitario considera que el presidente Bukele y ningún otro funcionario puede argumentar legalidad y argumento que indique o aliente la emergencia de militarizar las comunidades mencionadas, puesto que no van a combatir a otro ejército y ni a otro cuerpo similar para detenerlo.
La delincuencia organizada hay que combatirla por y con todos los medios que tiene al alcance el Gobierno ya que cuenta con las herramientas suficientes, y si no las posee para eso es gobierno y debe adquirirlas para prevenir con eficacia el delito, perseguirlo y castigar a sus hacedores y llevarlos ante la justicia previa evidencia de la comisión de hechos delictivos.
Vemos con preocupación el avance y asentamiento de estamentos militares en dichas comunidades miedo o terror se apoderara en los jóvenes y adolescentes, actos que vuelven a la memoria el terror y muerte que generaron las dictaduras militares a finales del siglo pasado y los inicios del presente. No queremos dictaduras, sean éstas civiles y militares, queremos estado de Derecho y respeto a los Derechos Humanos, que se permitan los auto controles para el equilibrio de poder y se eviten los graves arbitrariedades del régimen.
Corresponde al Gobierno la seguridad de la Nación, del pueblo y sus recursos materiales, la economía y el bienestar social en su conjunto. No busque enemigos internos donde no los hay. Lo que existe es el disenso y no confrontación. Y esto deben tenerlo claro todo el gobierno: las comunidades cercadas hoy por el Ejército han abonado a la economía del país, son productores agrícolas, ganaderos producen leche y queso y otros que contribuyen a la alimentación de todos en general, pagan impuestos, directos e indirectos, es decir son contribuyentes del Estado y el mismo está obligado a reconocerles sus contribuciones y aportes y respetarles su estabilidad social y política. El país necesita seguridad alimentaria, subsidios a la producción agropecuaria, no represión. La represión no va a resolver la seguridad de los habitantes de las comunidades, atenta contra la paz pública y el estilo de vida de establecido allí,por lo tanto pedimos al Gobierno que se respeten los derechos y se le den las garantías necesarias para que lleven sus vidas en paz y armonía, el abuso de poder contra los humildes no significa valentía de quien lo ejecuta, significa cobardía e ignorancia y falta de sensatez.
El respeto a los derechos civiles y políticos es un deber del Estado y una obligación ineludible de conservarlos y profundizarlos.
El incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos no solo es la omisión de la observancia de los derechos fundamentales, sino la extralimitación en sus atribuciones de funcionarios que les han sido atribuidas o encomendadas por ley y procedimientos, que no le corresponde, dicta resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y tratados internacionales que protegen los derechos Humanos. De aquí que se colija que el gobierno del presidente Bukele está incumpliendo sus deberes al violentar el Estado de derecho, leyes y convenios Internacionales ratificados por el Salvador, por lo que penalmente son responsables de los daños ocasionados al Estado, y a la población inocente capturada y sus familiares.
Abogado, Socorro Jurídico Humanitario.