Un gobierno de corte monárquico absolutista es incompatible con el Estado de derecho. Este último protege en alguna medida los derechos individuales y colectivos. Las garantías judiciales y el debido proceso están al servicio de quienes son partes en un proceso, lo que se ve diezmado ahora por un Estado excepcional que pretende desconocer o deslegitmar las acciones legales y judiciales encaminadas a la defensa de los agraviados por el régimen actual, demostrando el desprecio no solo a la institucionalidad sino también a la integridad física, mental y moral de las personas injustamente en prisión.
La administración total del Estado, es decir, el presidente de la República, está cambiando rápidamente a su manera hasta las decisiones o dictámenes de los tribunales y reforma las leyes a su entera voluntad y satisfacción. Así se observan en la administración de justicia resoluciones constitucionales relacionadas a su reelección, reformas penales y procesales penales, reformas jurisdiccionales, derogación de leyes y facultades jurisdiccionales, liquidación de hecho de la ley de transparencia de la función pública y otras, lo que nos va mostrando poco a poco el rostro verdadero de sus intereses, que no son del país sino de los suyos.
De aquí que se pueda decir que “el Rey es la ley”, nombra y quita ministros y hasta manda a la cárcel a una alcaldesa de su partido, captura y manda a prisión a sindicalistas que reclaman sus derechos adquiridos, es decir, salarios justamente devengados no pagados durante meses. Esto permite decir que la unidad de los tres poderes está “concentrada y justificada” por estimar que “la fuente es Dios” y que el monarca ejerce la soberanía por derecho divino y no del pueblo.
Cosa curiosa, hablando en temas religiosos, es el doblamiento de la máxima autoridad católica hacia la voluntad del presidente en el sentido de dar su apoyo a la reelección presidencial y otros temas, lo cual ha despertado muchas dudas. Así el presidente Bukele actúa como representante absoluto de la Nación como si fuese ya soberano “por voluntad divina”.
Pareciera no haber mecanismos por los que el soberano reconozca superiores y responda por sus actos de barbarie realizados en todos los ámbitos de su administración, si no es ante “Dios” mismo. Se pensaba que las monarquías autoritarias del final de la Edad Media habían quedado en la historia como recordatorio de no repetición. Ahora se expresan en el país las ansias de instalar un régimen incompatible y lesivo a los intereses de la Nación.
La teoría de que el Rey es emperador en su reino presidencial y, por tanto, tiene todas las facultades que pudieran atribuírsele como tal, no deberá tener cabida en nuestra sociedad. Este régimen cuenta con el apoyo de letrados de origen social no privilegiados nombrados como ministros, magistrados, diputados, alcaldes y concejales,pero éstos solo pueden aspirar a ascender socialmente sirviendo sólo a los intereses del todopoderoso absolutista.
Los trajes superficiales de la administración pública son evidentes. La división de poderes despierta más incógnitas que certeza. Esa incertidumbre es la que mantiene a la Nación entera en la inseguridad jurídico-administrativa.
La Democracia es un proceso arraigado a la obsesión por limitar el poder absoluto. En el siglo XXI se utilizó como medio eficaz para volver gobiernos tiranos y violadores de los derechos humanos.
Tal como su nombre lo indica, el absolutismo es un tipo de régimen de gobierno o de organización política en la cual la persona que tiene el poder lo concentra todo en su persona de manera absoluta, negando los espacios a otras instituciones independientes. Un gobierno monárquico como el que se quiere imponer en El Salvador es un modo de asegurar que el poder no se divida en esferas o instancias y de ese modo asegurar que el presidente Bukele será el único responsable de la toma de decisiones, y de eso estamos claros.
Como dijimos anteriormente, el riesgoso papel de aceptar un régimen absolutista en El Salvador nos puede conducir a una macabra dictadura de la cual nadie podrá salir ganancioso, pero sí el círculo de poder de la tiranía.
No hemos estado exentos de estos desmanes durante la historia del país, pero que se permita es una afrenta destructiva para una vida libre de violencia institucionalizada como se pretende.
Las libertades fundamentales de los ciudadanos, tanto las garantías individuales y colectivas de igual forma, nadie podrá exigirlas y quien lo haga se convertirá en una víctimas más.
Los cimientos de un régimen al estilo monárquico se eliminan al no poseer ningún tipo de restricción constitucional, leyes y reglamentos, más los convenios y tratados internacionales ratificados por el país que igualmente obligan al presidente a su respeto y aplicación general y específica dadas las condiciones.
Socorro Jurídico Humanitario.