Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
El 9 de febrero, luego de anunciar que desterraron a 222 presos políticos y los despojaron de sus derechos civiles y políticos como ciudadanos nicaragüenses, el régimen de Daniel Ortega dio a conocer la lista oficial de los que fueron enviados a Washington DC en vuelo privado.
“El 8 de febrero del 2023 se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, el terrorismo y el encendido, por lesionar los intereses supremos de la nación alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional”, sentenció el Tribunal de Apelaciones en Managua.
Ratificó que fueron declarados traidores a la patria y sancionados por delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en Nicaragua, “así como ejercer cargo de elección popular quedando suspenso sus derechos ciudadanos de forma perpetua, a esta hora los deportados ya están en Estados Unidos de América así damos por cumplida la sentencia deportación”, revelaron.
Entre los 222 se encuentran los hermanos Cristina y Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, así como Juan Sebastián Chamorro, los ex precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, además del ex CEO de Banpro Luis Rivas y el ex gerente de El Nuevo Diario, Arnulfo Somarriba.
Ninguna de estas personas podrá optar a ningún cargo político en el futuro y tampoco serán considerados ciudadanos nicaragüenses. No se ha dado una liberación, sino que se ha configurado la deportación o traslado forzado que es un crimen de lesa humanidad según el artículo 7.1 del Estatuto de Roma.
Los 222 expresos nicaragüenses, que llegaron a Estados Unidos entraron en el país bajo un parole humanitario, no como refugiados, no tienen los beneficios que otorga esa figura. Ahora dependen de organizaciones benéficas y se ven obligados a pedir dinero prestado a amigos.
Se encuentran atrapados en un inusual limbo legal, al habérseles concedido la libertad condicional humanitaria en Estados Unidos, que sólo otorga beneficios limitados y no son reconocidos como refugiados.
El dilema se deriva de la forma casi sin precedentes en que abandonaron el país. Apenas salieron en un avión fletado por el gobierno estadounidense, la Asamblea Nacional de Nicaragua anunció la aprobación sumaria de una ley que les despojaba de su ciudadanía, también ordenó la confiscación de sus casas y propiedades.
Según la ley estadounidense, la libertad condicional humanitaria permite permanecer en Estados Unidos durante un determinado periodo de tiempo, solicitar permiso de trabajo y la residencia a través de un familiar o un empleador o pueden solicitar asilo.
Como refugiados, los ex presos políticos nicaragüenses habrían tenido derecho a beneficios, como ayuda mensual en efectivo, cupones para alimentos y seguro médico, así como asistencia para el reasentamiento. Además, tras un año y un día como refugiados, tienen derecho a solicitar la residencia legal permanente.
El Departamento de Estado invitó a grupos privados y a la diáspora nicaragüense a ayudar, incluidas organizaciones de derechos humanos y grupos eclesiásticos con experiencia en el reasentamiento de solicitantes de asilo y refugiados.
Los ex presos son un grupo variado de destacadas figuras políticas de la oposición, incluidos candidatos presidenciales, académicos y líderes estudiantiles, así como activistas. Algunos de los exiliados cuentan con recursos propios y familiares cercanos en Estados Unidos.
Abogada, defensora de derechos humanos.