Esta semana la Asamblea Legislativa estuvo a un paso de aprobar reformas a Ley de Acceso a la Información Pública. Estas tuvieron dictamen favorable en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, bajaron al pleno legislativo, pero fueron retiradas por el partido Nuevas Ideas para regresar a la Comisión. Pareciera que, por una diferencia dentro del oficialismo, específicamente entre el secretario jurídico de la presidencia y el presidente de la Asamblea.
Entre las más importantes destacaban poder reservar información oficiosa, ampliar plazos para la entrega de información, imponer multas no solo a funcionarios sino a particulares por infracciones y también quitar la potestad al Instituto de Acceso a la Información Pública de desclasificar información reservada que este considerará de interés público, entre otras.
Luego de conocerse las posibles reformas a la ley, diferentes organizaciones se pronunciaron en el sentido que éstas violaban el derecho al acceso a la información pública, debilitando la contraloría ciudadana, la rendición de cuentas, la transparencia y una herramienta para la prevención y combate a la corrupción.
La posibilidad de aprobar estas reformas se suma al grave retroceso en el derecho del acceso a la información pública en el país, nombramiento de personas afines al oficialismo, destitución de comisionada que actualmente está en situación de refugio por persecución, la no entrega de información o entrega incompleta, la reserva total de otra información, entre otros retrocesos.
El derecho al acceso a la información pública ha permitido conocer en el país diferentes casos de corrupción de administraciones anteriores y de presuntos actos en la actual administración, entre los que podemos destacar: en el 2013 la compra de regalos suntuosos en la Asamblea Legislativa; en el 2017 la compra de pines de oro en la Corte Suprema de Justicia; en agosto de 2020 se conoció por una investigación periodística que el actual Director de Centros Penales autorizó el gasto ilegal de $8.5 millones de las tiendas de los centros penales, como “tiendas institucionales”, durante diez meses, entre muchos otros casos.
El derecho de acceso a la información pública no es solamente para periodistas sino también para toda la ciudadanía; según establece la ley puede solicitarse a todos los órganos del Estado, alcaldías y también entidades que manejen fondos públicos, transparentando compras y trabajo de las instituciones y funcionarios, su naturaleza es además de contralora, de participación ciudadana, trascendental en sociedades democráticas.
En algunos municipios el acceso a la información pública permitió conocer procesos de adjudicación de obras trascendentales para la vida de la comunidad, como el acceso al agua potable, tal como lo hicieron algunas juntas de agua que hasta sufrieron persecución por las autoridades locales.
Ocultar información pública, entregarla a medias, burocratizar procesos de acceso es crear una política de opacidad, blindar a funcionarios y eternizar la impunidad para estos casos, un escenario perfecto para la corrupción, beneficiando al poder en turno, pero quitando una herramienta a la gente para ejercer su derecho a saber cómo se usan fondos públicos, cómo actúan los que los gobiernan.
Esta semana las reformas no fueron aprobadas, por su costo político quizás o porque además este es un indicador internacional de transparencia y combate a la corrupción, condición indispensable para el otorgamiento de préstamos internacionales y para otros procesos que el Estado no puede obviar. La ciudadanía debe estar atenta ante la posible aprobación de las reformas y además exigir saber cómo se administran sus fondos y se les gobierna porque nada es eterno, ni la opacidad; además, saber no es un lujo, sino un derecho.
Abogada y defensora de los Derechos Humanos