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¿Qué está pasando en Guatemala?

"Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia", estamos viendo un golpe de Estado en curso en el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente

Por Fátima Ortiz |

El Ministerio Público de Guatemala allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 29 de septiembre en Ciudad de Guatemala, y se llevó varias cajas que contenían las actas originales de los resultados de los comicios presidenciales celebrados el 20 de agosto. Bernardo Arévalo, al frente del partido progresista Movimiento Semilla, resultó ganador en dichas elecciones.

Tras una situación tensa con funcionarios de Fiscalía, la magistrada del TSE Blanca Alfaro, conversó con un grupo de periodistas: "Por favor, pasen a ver todo cómo lo dejaron porque nosotros no somos garantes ya de ningún acta. Se llevaron todas las cajas con todos los resultados", “Ellos dicen que el miércoles nos los van a devolver, ¿para qué los van a devolver si ya salió de nosotros? No sabemos qué pueden hacer con ellas”. indicó.

La magistrada también dijo que los funcionarios dejaron algunos documentos que pertenecían a las actas y que estaban debidamente clasificados en cada caja. Alfaro indicó que “todos los resultados ya están oficializados”, incluido el triunfo de Arévalo. “Ya están certificadosy eso no se puede cambiar con una diligencia fiscal".

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que realiza investigaciones “de las denuncias puestas en conocimiento y su actuar se apega a la ley”. “Las diligencias realizadas en la sede del Tribunal Supremo Electoral, que fueron ordenadas por el juez penal concluyeron a pesar de los intentos de obstaculizar las mismas y la vulneración de la reserva del caso, regulada en el artículo 314 del Código Procesal Penal”, indicó.

No hay muchos detalles sobre el caso en el que se enmarca el allanamiento, que es el cuarto que realizan en el TSE,el Ministerio Público ha señalado que se encuentra bajo “reserva judicial”. El fiscal a cargo, Rafael Curruchiche, dijo que el objetivo del proceso judicial es salvar “la democracia” en Guatemala, según la agencia de noticias EFE.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, condenó el allanamiento: “Exigiremos la rendición de cuentas de quienes participen en acciones por socavar la transición democrática al presidente electo Bernardo Arévalo. Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo”, señaló a través de la red social X (antes Twitter).

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también hizo referencia a la situación, en su cuenta de X: “Se alista un golpe de estado en Guatemala. Todos los gobiernos democráticos de las Américas y del mundo deben estar listos a responder”, escribió.

Bernardo Arévalo, presidente electo, había publicado esa misma red social, un comunicado en el que señaló que “existe un ataque directo y sistemático en contra de la integridad del proceso electoral”.

Arévalo se impuso en segunda vuelta, celebrada en agosto, a la exprimera dama Sandra Torres. El 1 de septiembre, Arévalo había denunciado un intento de golpe de Estado en su país para evitar que asuma el poder, lo cual está previsto que ocurra en enero.

"Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia", estamos viendo un golpe de Estado en curso en el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente, agregó.

El 28 de agosto el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados de las elecciones, 60,91% de los votos válidos fueron para la fórmula Arévalo-Karin Herrera, ese mismo día el Movimiento Semilla fue suspendido de forma provisional por decisión judicial. Esa organización está siendo investigado por la Fiscalía por la presunta falsificación de firmas para la conformación del grupo político.

Abogada y defensora de derechos humanos.

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