En El Salvador, con la privatización de las pensiones de 1998, siempre ha habido un intenso debate. Puede decirse que es un sistema excluyente ya que las personas beneficiarias son tratadas de manera diferenciada y tiene efectos negativos a la hora del retiro o en el caso de las juventudes es casi imposible pensar que un día tendremos una vejez con dignidad.
La propuesta actual de reformas a las pensiones no resuelve uno de los eternos problemas: la cobertura.
Como se ha dicho anteriormente es excluyente. Especialistas en la materia reportan que de 1998 a 2021, en promedio sólo 1 de cada 4 trabajadores cotiza al sistema de pensiones. De ellos, el 43.7 % pertenece a la categoría ocupacional, asalariado permanente. Quiere decir que la mayoría de la población no tiene una garantía de vejez digna.
En El Salvador, posterior a la pandemia de covid-19, un 62% de mujeres empleadas formalmente salieron a un mercado laboral informal a asumir trabajos no remunerados. Según estudios de la CEPAL, durante el 2021 el 91% de tareas del cuidado de las familias es realizado por mujeres.
¿Qué significa esto en la vejez de las mujeres? La respuesta es sencilla: no hay cobertura ni garantía de una vejez digna. Una vez más, en esta propuesta de reforma, no se encuentra ni un solo artículo dedicado a las que nos cuidan toda la vida. Se le suma la edad diferenciada del retiro para las mujeres, las mujeres contamos con menor tiempo para cotizar y a eso se suma la brecha de género que nos sigue pagando menos por el trabajo realizado en comparación con el que realizan los hombres.
A este problema de exclusión de cobertura se suman sectores del mercado laboral informal: comerciantes, consultores independientes, agricultores, artistas, personas trabajadoras de granjas avícolas, entre otros oficios, que no son cotizantes. A esto, hay que agregar otra variable: La zona de residencia.
Del área rural solamente cotiza un 15.8% de ese grupo poblacional, en cambio las personas que poseen residencia urbana cotizan un 34.9%.
El género, la oportunidad de educación, la estabilidad laboral, el lugar donde vivimos, las diferentes tareas que realizamos para sobrevivir hacen que El Salvador sea el octavo país en cobertura de los 9 países con un sistema de pensión similar al nuestro.
La comisión encargada de darle seguimiento a la propuesta de reforma no se tomó el tiempo de escuchar a diferentes sectores que por años han exigido una pensión digna, no fueron convocados y el debate sigue sin escuchar a la ciudadanía en general. El debate se concentró, una vez más, en escuchar a las personas con interés de controlar los fondos del sistema de pensiones.
La propuesta de reforma no es algo que venga a resolver el problema, pero sí viene a profundizar la crisis que ha mantenido el sistema de pensiones. El aumento del 30% no es sostenible y, por el contrario, las personas cotizantes terminarán pagando por la decisión de legisladores irresponsables.
La reforma implica continuar con un sistema que no cubre a la población en general. Ahora tendremos que cargar con un nuevo peso sobre las finanzas de las familias salvadoreñas, ese es el verdadero regalo navideño.
Las personas que empezamos a cotizar a los 29 años estamos lejos de obtener una pensión digna. Con esta reforma ahora tendremos que pensar que cuando entre en vigencia estaremos más lejos de obtener un beneficio de lo que se nos quita mes a mes.
Personalmente considero que esta reforma no tiene como objetivo real brindar una vejez tranquila a la población y tampoco representa la posibilidad de vivir en paz después de haber trabajado durante toda nuestra vida. Al igual que en el 2017, esta es una propuesta que no resuelve la precariedad ni las desigualdades y por el contrario nos carga con un aumento probablemente en la contribución y que jamás veremos reflejada en nuestra vida.
Activista feminista.