En la plenaria del pasado martes 15 de agosto, la Asamblea Legislativa otorgó al gobierno luz verde para negociar una nueva deuda por $500 millones. Esta medida, promovida por el Viceministro de Ingresos, Juan Neftalí Murillo, busca “abordar diversas obligaciones emergentes del Estado”. Sin embargo, habría que preguntarse si esta decisión es un paso responsable o un salto arriesgado en el camino financiero de la nación.
Esta medida lleva inmersa la exención de impuestos y tasas sobre los títulos valores de crédito, siendo un aspecto que merece mayor profundización pues a primera vista, puede parecer un incentivo valioso para atraer inversionistas y mitigar el impacto de la deuda en las finanzas del país, pero también es necesario considerar las posibles repercusiones a largo plazo. ¿Está la nación salvadoreña en una posición fiscal lo suficientemente sólida como para permitirse este tipo de exenciones? ¿O podría esto llevar a un desequilibrio aún mayor en las cuentas públicas?
La naturaleza de los Títulos Valores de Crédito también despierta interrogantes. La opción de amortizar la deuda a través de cuotas periódicas o un pago único al final del plazo plantea cuestiones sobre la capacidad del gobierno para cumplir con estos compromisos financieros. Los plazos mediano y largo, por su parte, reflejan una visión a futuro, pero ¿está el país preparado para enfrentar las demandas y necesidades financieras que puedan surgir en esos períodos?
Si bien es cierto el país ha mejorado su Calificación de Riesgo Soberano (EMBI) al pagar los eurobonos no significa que El Salvador haya solventado su crisis de liquidez y está recurriendo a deuda de corto plazo para poder al final del ejercicio fiscal del 2023. Se puede maquillar la realidad un tiempo pero no no todo el tiempo, esta situación plantea la interrogante ¿Cómo puede el país gestionar y pagar nuevas deudas cuando aún no ha logrado resolver compromisos financieros anteriores? Es como sobregirar las tarjetas de crédito y solicitar un préstamo para pagar las tarjetas y poder sobregirarlas nuevamente.
Una decisión tan importante como el endeudamiento debe ser guiada por una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios. Es fundamental para el gobierno salvadoreño considerar la sostenibilidad financiera a largo plazo y el impacto en las generaciones futuras. Si bien es cierto que existe la necesidad de atender obligaciones emergentes, no se debe perder de vista la importancia de la prudencia fiscal y la transparencia en la gestión de la deuda.
El reciente aval parlamentario y todos los anteriores para negociar más deuda en El Salvador plantea importantes cuestionamientos sobre la responsabilidad financiera y la capacidad del país para enfrentar las demandas futuras. Finalmente todas las finanzas de la nación en este gobierno son más interrogantes que respuesta por la falta de transparencia que ha sido la norma en está gestión ejecutiva. También nos recuerda la icónica frase de campaña “El dinero alcanza cuando nadie roba”; y genera la mayor interrogante de todas: si el dinero alcanza cuando nadie roba ¿por qué no les alcanza el dinero?
Analista político.