A pesar de que ninguna persona puede alegar ignorancia de la ley, muchas leyes se aprueban en la Asamblea Legislativa sin que la población se entere y sin contar con planes de difusión, como es el caso de la aprobada “Ley de Dominio Inminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales”, que no es más que una ley de expropiación nueva.
Había en el Código Municipal un capítulo sobre el proceso de expropiación; por lo tanto, los procesos en fase administrativa eran municipales y contaban con las garantías procesales en sede judicial, además de que permitía contar con un margen de tiempo para apelar la resolución de expropiación y no solo la indemnización.
La nueva ley de dominio inminente es una aberración para los derechos de defensa de las personas a los que se les efectuarán las expropiaciones. Señalaré algunos con el objetivo de que todos, pero principalmente los que puedan ser afectados tengan conocimiento de esta preocupante situación que afectará, según consultas realizadas, a 700 familias en la zona denominada Surf City.
La nueva legislación de dominio eminente no cuenta con una fase conciliatoria en sede administrativa, sino que se va directamente a sede judicial. Quien liderará este proceso a favor del Estado es la recién creada Dirección de Obras Municipales (DOM), que centraliza los fondos que recibían las alcaldías mediante el FODES y que además podrá pedir la expropiación de bienes inmuebles argumentando interés social o utilidad pública sin tener que comprobarlo legalmente y además sin existir previa indemnización.
Otro punto a mencionar es que el proceso se presenta directamente a sede judicial y con la mera presentación de la demanda por parte de la Dirección de Obras Municipales la obra podrá dar inicio, realizando automáticamente la anotación preventiva en el Registro a favor del Estado.
También el proceso que detalla la ley en sede judicial es un proceso abreviado, rápido, donde queda poco margen de maniobra para la defensa, poca oportunidad de presentar estudios técnicos, documentos y además los peritos dentro del proceso serán propuestos únicamente por la DOM.
Estos son algunas de las “novedades” que contiene la ley y que debemos conocer, pero sobre todo aquellas personas que tienen propiedades en la costa salvadoreña y más aquellas zonas de interés como es la zona denominada Surf City, en el Departamento de La Libertad o la zona de oriente donde pretenden construir un nuevo aeropuerto.
Algunas personas podrían pensar que esto está lejano, que no les va a pasar porque tienen sus títulos de propiedad; sin embargo, debemos mencionar que estos procesos ya han iniciado como es el caso en la playa Mizata, donde varias familias a inicio de este año ya fueron desalojadas. Éstas particularmente no contaban con títulos de propiedad, pero tenían más de 30 años de residir ahí, es decir, les aplicaba la prescripción adquisitiva para adquirir el dominio de las propiedades. A éstas por supuesto no les dieron las certificaciones de desalojo.
Pero esto está sucediendo de manera silenciosa en toda la zona de Surf City: grandes propiedades, pequeñas, para todos los usos, están en la mira del gobierno para ser expropiadas en los próximos años; los detiene en este momento que no tienen fondos para las obras, pero según la poca información dada a los propietarios, es cuestión de tiempo.
La Gentrificación en El Salvador, la nueva colonización, que pasa por desalojo de tierras a las comunidades originarias, es una realidad, las comunidades más empobrecidas son las más afectadas como siempre en la historia. Desarraigar a la gente a la fuerza debería ser considerado un crimen de lesa humanidad.
Abogada y defensora de Derechos Humanos.