En el año 2016, la activista y defensora de los derechos humanos salvadoreña Karla Avelar, mujer trans, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, alegando que los artículos 11 y 23, inciso 2° de la Ley del Nombre de la Persona Natural son inconstitucionales porque no permiten que las personas Trans que deseen cambiar el nombre de acuerdo con su identidad y expresión de género puedan hacerlo como lo hacen las personas heterosexuales, de tal modo que esto violenta el artículo 3 de la Constitución de la República en cuanto al derecho a la igualdad sin discriminación de ningún tipo.
El 18 de febrero del 2022, la actual Sala de lo Constitucional, electa por la actual legislatura, emitió una sentencia bajo la referencia 33/2016, valorando una violación a los artículos 2, 3 y 36, inciso 3° de la Constitución de la República, debido a que establecen causales cerradas para que un ser humano cambie de nombre, omitiendo la condición social de las personas Trans en cuanto a su disconformidad entre el sexo biológico y la identidad de género, pues no incluyen el nombre con el que se identifican, constituyendo un trato discriminatorio no juzgado, ya que según el artículo 23, inciso 2° de la Ley del Nombre de la Persona Natural, no se regula el cambio de nombre de las personas Trans.
El 22 de febrero del 2022, la Asamblea Legislativa fue notificada de la resolución de la Sala de lo Constitucional, que les mandata a realizar la reforma que permita tener acceso al cambio de un nombre con el cual se identifican; a este Órgano del Estado se le brindó el plazo de un año para legislar, que inicio a partir del 23 de febrero del 2022. Dicho plazo venció el 24 de febrero de este año y, hasta la fecha, las diputadas y diputados llevan 82 días de incumplimiento de una orden judicial.
El incumplimiento de la sentencia constituye una clara vulneración a los derechos humanos de las personas trans; en ese sentido en el marco del Día Internacional Contra la Transfobia que se celebra el 17 de mayo de cada año, el hecho de continuar negando el derecho al cambio de nombre de acuerdo a su identidad, tiene repercusiones negativas para el goce del derecho al trabajo digno, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, entre otros.
Ante ello, se llama a la Asamblea Legislativa de El Salvador para que cumpla, con la brevedad, no solo con el fallo de la Sala de lo Constitucional, que le mandata a realizar una reforma, necesaria para proveer las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad y expresión de género, considerando los elementos de seguridad jurídica, sino también con la imperante necesidad de que se emita una normativa integral que garantice el derecho a la identidad de género en El Salvador.
Recordamos a las diputadas y diputados que parte de sus funciones legislativas son poder adecuar las normativas de acuerdo a las situaciones que protejan los derechos de todas las personas salvadoreñas; las personas Trans también son salvadoreños y salvadoreñas.
En ese sentido, también solicitamos a la Asamblea Legislativa que se realice un debate y diálogo abierto con las organizaciones que representan a las personas Trans en el país, para que puedan exponer los problemas de discriminación, violencia y exclusión al no poder adecuar su nombre según su identidad y expresión de género.
Abogada y defensora de derechos humanos