Por Estimados amigos todos:
“Después de cuántas extensiones del régimen de excepción podemos decir que no tiene capacidad este gobierno para garantizar la seguridad? ¿A las cuantas extensiones es ya un estado fallido?”
Estas preguntas las hizo ayer un tuitero salvadoreño. Son preguntas oportunas, necesarias y dolorosas. Requieren de respuestas.
La Asamblea concluyó nuevamente con su trámite mensual de prolongar el régimen de excepción. Este régimen de excepción, decretado por primera vez en marzo de 2022, ha permitido al gobierno detener, sin orden judicial y condenas, a más de 70 mil personas, suspendiendo la libertad de asociación y el derecho a la defensa de un procesado.
Ahora el gobierno se recetó el decreto de estado de excepción #11.
El gobierno de Bukele tiene un año de sentirse incapaz de garantizar la seguridad de la población sin recurrir a métodos que suspenden nuestros derechos constitucionales. Si a alguien lo operan de emergencia, pero a un año los médicos aún no lo pueden sacar de cuidados intensivos y respiración artificial, la familia no va a aceptar que en el hospital le digan que la operación fue exitosa.
Así que profundicemos las preguntas: Si un gobierno necesita encarcelar, sin debido proceso, a casi 70 mil personas y cuando además, antes de que haya un juicio, anuncia que estos 70 mil nunca van a salir de la presión, ¿es un éxito o un fracaso? Pregunten a la mamá del paciente operado hace un año, pero aún en cuidados intensivos. Les va a contestar lo mismo que la madre de un joven que hace un año fue detenido sin pruebas de su culpa. Ambas madres van a decir: El sistema (de justicia o de salud, respectivamente) fracasó. Nos falló.
En este sentido, no es descabellado concluir que El Salvador, con un año de régimen de excepción y, según el gobierno, 70 mil terroristas encarcelados, es un estado fallido. Lo es, aunque de otra forma que los clásicos ejemplos, como Haití, Somalia o Líbano, que son fallidos por caos y falta de poder. Otros, como El Salvador, son fallidos por exceso de poder y ausencia de garantía constitucionales. Un Estado que no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos sin suspenderles sus derechos humanos y sin destruir la democracia es un Estado fallido.
Los estados que funcionan pueden hacer uso de regímenes de excepción para enfrentar una emergencia, sea de seguridad pública, de salud o de catástrofes naturales. Esto les da la oportunidad de movilizar todos los medios para resolver la calamidad y regresar a la normalidad y la plena vigencia de los derechos humanos y las reglas democráticas. El Estado que no tiene esta capacidad y para seguir funcionando necesita convertir el régimen de excepción en la nueva normalidad del país es un Estado fallido.
Nuestro gobierno aprovecha el estado de excepción prolongado no solo para desarticular las pandillas, sino al mismo tiempo a los liderazgos comunales y sociales independientes. El resultado es un estado fallido: quedamos sin maras y sin democracia. La población tiene seguridad frente a las pandillas, pero perdió la seguridad frente al gobierno.
Si el gobierno además aprovecha el prolongado estado de excepción para deshacerse de todos los mecanismo de transparencia y rendición de cuentas sobre sus políticas de seguridad y sobre su manejo de fondos públicos, compras estatales, adjudicaciones de proyectos, el resultado es un Estado fallido.
Todo esto está pasando a la vista de todos. Y lo estamos permitiendo, unos porque están convencidos de que el país necesita un dictador que ‘ponga orden’, otros porque se sienten amenazados por este estado autoritario.
¿El fracaso del estado salvadoreño es irreversible? Lo será si no nos oponemos.
Saludos, Paolo Luers