En los últimos cuatro años, es decir, desde 2019 cuando entró al poder el gobierno del presidente Nayib Bukele, la deuda pública total del país aumentó en casi $6,500 millones, una cifra que representa el endeudamiento más alto por período presidencial en comparación con las administraciones anteriores.
Ante esto, un punto que resalta el economista Rafael Lemus, quien participó en la entrevista matutina del canal TVX, es que este alto endeudamiento que acumula el actual gobierno no se traduce en obras de inversión pública, pues pese a que es una cifra muy alta, no se ha visto una ejecución real de esos fondos como se esperaría.
De acuerdo con los datos propios que maneja Lemus, quien ha comparado el total de endeudamiento versus los montos ejecutados en inversión pública, "de cada $100 en deuda, solo $33 van para esa inversión y el resto va para gastos corrientes", señala.
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Lo anterior se traduce en que dos terceras partes de esos préstamos constantes que solicita el gobierno se utilizan para gastos del aparato del Estado, incluyendo la amortización de la deuda ya existente, como el caso del pago del bono de $800 millones que se completó en enero, tras una previa operación de recompra, y otras acciones similares.
De hecho, en la más reciente sesión plenaria en la Asamblea Legislativa, los diputados oficialistas aprobaron un nuevo préstamo por hasta $1,000 millones que servirá para pagar deuda de corto plazo, es decir, la deuda que el gobierno ha adquirido con la banca salvadoreña a través de la colocación de Certificados y Letras del Tesoro (CETES, LETES).
Según Lemus, ese préstamo servirá para "convertir" esta deuda de corto plazo en una deuda de mediano plazo, pues actualmente hay unos $2,600 millones en deuda a través de Letes que vencerán en los próximos 12 meses, por lo que al abonar esos $1,000 millones se reducirá el monto total a $1,600 millones, algo que permitirá que el gobierno tenga oxígeno debido a que contará con un plazo más amplio para pagar los otros $1,000 millones en préstamos recién aprobados.
En ese sentido el economista también explica que el abonar esos $1,000 millones no significa que la deuda de corto plazo bajará, sino, que el gobierno tendrá la posibilidad de volver a colocar Cetes y Letes en el mercado local y adquirir más deuda, algo por lo que también considera a este mecanismo como "la tarjeta de crédito" del gobierno.
Este mecanismo de endeudamiento ha sido considerado por los economistas como una especie de "salvavidas" para el país, el cual se enfrenta a un mercado de deuda internacional prácticamente cerrado, esto debido al alto riesgo país y a la baja calificación crediticia que mantiene.
De hecho, para poder utilizar de manera constante esa colocación de Letes y Cetes, el gobierno ha disminuido el porcentaje de las reservas de liquidez de los bancos con el fin de que puedan tener más dinero para prestarle al gobierno.
El ritmo de endeudamiento de este gobierno ha sido tal que incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han considerado que se mantiene "en una senda insostenible".
Lemus, además, apunta que el actual gobierno ha adquirido deuda por hasta $147 millones mensuales en promedio desde que llegó al poder, una cifra que prácticamente dobla a los $75 millones mensuales que se promediaron durante el gobierno de Mauricio Funes.
"En un mes el gobierno toma deuda suficiente como para construir dos hospitales como el Rosales, pero no construye ninguno", apunta el economista.
Esta situación ya ha sido señalada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el cual señaló en un informe publicado en abril que el gobierno prioriza el pago de deuda a costa de sacrificar otras necesidades de la población.
En términos numéricos, el ICEFI apunta que solo en 2023 se proyecta que la partida presupuestaria destinada para pagar deuda, incluyendo amortizaciones e intereses, ascienda a unos $2,134.9 millones, lo que la convierte en la más alta de todo el Presupuesto, superando a partidas como las de Salud o Educación.
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Asimismo, el análisis del ICEFI señaló durante la presentación de su informe que, por lo menos en 2022, las sumas ejecutadas fueron menores a las presupuestadas, lo que quiere decir que el gobierno destinó menos para inversión pública, algo que convierte a la situación en un recorte de facto.
Por ejemplo, el ramo de educación pasó del 4.6% del PIB en 2021 al 3.9% en 2022, mientras que el de Salud pasó del 3.5% al 3.4%. El gasto en obras públicas, por su parte, pasó del 1.5% al 0.9%.
El ICEFI subraya que otros ramos del gobierno que sufrieron recortes en 2022 son el de Gobernación, Vivienda y Agricultura.