El Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), que mide el nivel de riesgo de impago para los países, ha alcanzado cifras históricas para el caso de El Salvador, sobre todo, en los últimos tres años que equivalen al tiempo que tiene el actual gobierno en el poder.
Si se verifican los datos que actualiza constantemente el sitio de Invenómica con respecto al EMBI, al 31 de mayo de 2019, un día antes de que entrara en funciones la actual presidencia, ese riesgo país estaba en 4.96 puntos, mientras que al 17 de mayo de 2022 llegó a los 24.34 puntos, lo que equivale a un 490.7% más y a unos 20 puntos sobre el promedio de Latinoamérica, que se encuentra en 4.40 puntos.
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Ese nivel ha encendido las alarmas de inversionistas, sobre todo, en un contexto en el que el país debe asumir compromisos de deuda, como el pago de $800 millones correspondientes al bono 2023, el cual vence en enero del próximo año.
El indicador del EMBI también va de la mano con lo señalado por las agencias calificadoras de riesgo a nivel internacional, las cuales han rebajado considerablemente la calificación crediticia del país, debido a ese alto nivel de riesgo de que el actual gobierno no logre pagar la deuda.
También cabe destacar que el aumento acelerado que ha tenido ese índice de riesgo del país comenzó a ir en ascenso a partir de los eventos sucedidos el 1 de mayo de 2021, cuando los diputados oficialistas tomaron control de la Asamblea Legislativa y destituyeron a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General.
Asimismo, la implementación de la Ley Bitcoin sumó a que la confianza de los inversionistas y de los mercados se viera minada, debido a la apuesta del gobierno por un criptoactivo con alta volatilidad
De hecho, el economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), considera que la reciente caída en los valores de varias criptomonedas, incluido el Bitcoin, podría estar provocando ese aumento del riesgo país, debido a que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha apostado fuertemente por implementar el criptoactivo en El Salvador, a través de la ley y de los cientos de millones de dólares destinados para impulsarlo.
Además, luego de que fuera aprobada dicha ley en junio de 2021, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalaron que la adopción de esa criptomoneda agregaba más riesgos a la situación financiera, por lo que el Bitcoin podría ser uno de los principales obstáculos por los que el país no ha podido cerrar un acuerdo que le otorgaría hasta $1,300 millones.
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Las implicaciones para los salvadoreños
Una baja calificación crediticia y un alto riesgo de impago se traduce en que el gobierno debe pagar intereses cada vez más altos si intenta acceder a más deuda, algo que podría impactar directamente en la economía de la población, debido que el Ejecutivo podría buscar otras alternativas como crear nuevos impuestos o hasta tomar los ahorros de los salvadoreños para pensionarse.
En ese sentido, el economista e investigador de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Rommel Rodríguez, agrega que “la falta de una hoja de ruta en la gestión de las finanzas” podrían tener “un alto coste de oportunidad en materia de desarrollo social”.