“La baja calificación crediticia de CCC+, con perspectiva negativa, refleja las vulnerabilidades que tiene El Salvador”, es uno de los primeros comentarios que el director asociado del área de Calificación Soberana de la agencia Standard & Poor’s, Patricio Vimberg, hizo recientemente en una entrevista con El Diario de Hoy.
El especialista en calificación de riesgo, sobre todo de países centroamericanos, opinó sobre la situación financiera y fiscal del país y cómo esta se relaciona con acciones recientes como la operación de recompra parcial de deuda que ejecutó el gobierno el mes pasado.
En este sentido, Vimberg apunta que varios de los factores que influyen en la calificación que asignan las agencias como la que él representa se relacionan a “problemas estructurales”, tales como ser un país con ingresos bajos, que depende mucho de la deuda de corto plazo (colocación de Certificados y Letras del Tesoro, llamados CETES y LETES, respectivamente), o tener una institucionalidad débil y un sistema de contrapesos que “ya era débil incluso desde gobiernos anteriores”.
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Para poner en perspectiva, la calificación crediticia de El Salvador se encuentra, desde hace más de un año, en la categoría de “bonos basura”, es decir, un rango en el que las expectativas de que el país pueda asumir sus compromisos de deuda son negativas, pues otras agencias como Fitch Ratings y Moody’s también mantienen una baja nota para el país.
Esa calificación de CCC+ con perspectivas negativas que asignó S&P en junio de este año, y que reafirmó recientemente, dejan al país a la cola de las calificaciones en Centroamérica, pues incluso Nicaragua, país que vive bajo un régimen dictarorial ya consolidado, tiene una mejor calificación (B-) con perspectiva estable.
Las notas que estas agencias asignan van por niveles, en el caso de S&P la más alta es la AAA, mientras que la más baja antes de caer en el impago es la D. El Salvador se encuentra a dos rangos de caer en esa situación debido al riesgo de no poder pagar el Bono 2023 correspondiente a $800 millones que vence en enero del próximo año.
Ese bono, que junto al de 2025 suman unos $1,600 millones, sin embargo, se han depreciado en los mercados tras algunas decisiones del gobierno de Bukele, como lo fue la destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema y la adopción del Bitcoin, ambos sucesos en 2021.
Por esa depreciación es que en julio de este año el gobierno anunció la operación de recompra, algo que según Vimberg es una “operación oportunista”, pues el gobierno aprovechó el bajo precio para intentar ahorrar algo de dinero, aunque al final solo logró comprar un 16% del bono más próximo y poco más del 54% de los bonos de 2025, lo que significa que, para enero de 2023 el gobierno aún tendrá que disponer de unos $666.9 millones para saldar su deuda.
¿Se logró el objetivo?
Casi un mes antes de la convocatoria para recomprar esos bonos, el ministro de Hacienda, Alejando Zelaya, afirmaba que el posible ahorro no era relevante, pues el gobierno buscaba mejorar su imagen y calificación en los mercados internacionales, sin embargo, el 15 de septiembre Fitch Ratings reaccionó, prácticamente, en sentido contrario, pues rebajó aún más la nota a CC desde CCC, es decir, un peldaño más cerca del impago.
Dos días después, S&P reconfirmó su nota de CCC+ con perspectivas negativas, lo que indica que las objetivos que buscaba el gobierno no se consiguieron pero, ¿porqué?
Según Vimberg, el impacto en los mercados de esa recompra ha sido parcial debido a que la recompra también fue parcial, algo que algunos economistas locales han explicado como un posible desinterés que han tenido los inversionistas en la operación, pues en el caso del bono de 2023, resultaría más rentable esperar al vencimiento para recibir la totalidad de lo que han invertido.
Asímismo, el analista señala que “a pesar de esa recompra (parcial), el hecho de que se mantengan algunos problemas estructurales, y que las instituciones sigan siendo débiles, hace que la calificación de El Salvador siga siendo baja”, lo cual podría explicar que la nota todavía no haya mejorado tras la operación.
Este punto ya ha sido subrayado por otros economistas, quienes consideran que con la operación se está comprometiendo la liquidez a largo plazo y que la presión sobre las finanzas del país seguirá pese a que se evite de manera cortoplacista el impago.
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Con respecto a ese escenario, que ha sido el que han temido los mercados en los últimos meses, Vimberg agrega que “cuando se realiza este tipo de operaciones (recompra de deuda) a niveles bajos de calificación crediticia, existe la posibilidad, de acuerdo a nuestros criterios (en S&P), de que se considere un default (impago) técnico”.
Sin embargo, Vimberg considera que en el caso salvadoreño podría no aplicar esa norma, pues los constantes préstamos que ha otorgado el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la reciente adhesión a la Corporación Andina de Fomento (CAF) podrían sugerir que el gobierno sí podría tener acceso a financiamiento para pagar esas obligaciones.
Por otro lado, sostiene que algo que sí podría influir en la calificación crediticia (para bien o para mal) es el resultado fiscal, es decir, la recaudación tributaria, algo que según el analista ha ido mejorando en los últimos meses.