La promesa hecha por el presidente Nayib Bukele el 15 de septiembre 2021, durante la ceremonia por el Bicentenario de Independencia, de acabar con las “pensiones de hambre” puede ser que no se cumpla, según advierte la agencia de análisis financiero EMFI en su más reciente informe.
En el documento divulgado, el cual tituló “Fuentes de último recurso”, destaca tres probables fuentes de financiamiento que tendría la actual administración para amortiguar los compromisos financieros más urgentes y reitera que una de esas es mediante la reforma de pensiones. “Sería la fuente de fondos más importante”, señala.
Aún así, EMFI alerta que el gobierno ha retrasado la presentación de su propuesta de reforma al sistema previsional porque no cree que le suba a las pensiones.
“Si bien la administración Bukele obtendría los fondos necesarios para honrar sus compromisos de deuda con la implementación de la reforma, creemos que se ha retrasado porque es poco probable que cumpla la promesa de aumentar las pensiones, que es la razón por la cual los salvadoreños demandan la reforma”, afirma EMFI en su informe con fecha 17 de mayo 2022.
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Bukele declaró hace más de ocho meses que con la reforma “garantizaremos que al fin los salvadoreños tengan, al menos en el rubro de las pensiones, lo que se merecen, ya no tendrán esas pensiones de hambre a la que fueron sometidos”.
El aumento de las pensiones es precisamente una de las principales demandas que diferentes sindicatos, tanto aliados como críticos, han hecho al gobierno.
De hecho, los representantes de sindicatos que se han reunido en Casa Presidencial con el presidente le han propuesto que el aumento de la pensión se financie a través de un Fondo Solidario, el cual se obtendría de tomar los ahorros de los trabajadores acumulados desde hace 23 años en las AFP y que se unan con los fondos del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), en el que ya solo están cotizando poco más de 5,000 personas.
Además le solicitaron que se les pague hasta el 70 % de su último salario y que se incluyan a los trabajadores por cuenta propia.
Pero la administración Bukele ha postergado en varias ocasiones la presentación de la reforma ante la Asamblea Legislativa y los detalles de lo que contiene se desconocen.
El pasado 22 de marzo, el mandatario tuiteó: “En cuanto a la reforma de pensiones, ya estamos dando los últimos retoques. No ha sido fácil tomando en cuenta que casi todos los recursos ya habían sido gastados por los gobiernos anteriores. Un par de días más y la enviamos. Paciencia”.
Y el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dijo en enero de este año que “en los primeros seis meses podemos tener una mesa para el estudio de las reformas a las pensiones y tener una respuesta concreta en los primeros seis meses, para tener pensiones justas y dignas según lo que la población está demandando”.
¿Cuánto dinero podría tomar el gobierno de los trabajadores?
Según el reciente análisis de EMFI, el gobierno podría acceder a los ahorros de los trabajadores para obtener dinero a través de dos tipos de reforma: mediante una reestatización, es decir que el Estado tome los fondos de los cotizantes; y la otra es a través de un aumento en la exposición de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la deuda salvadoreña.
En caso de tomar los ahorros de los trabajadores, la financiera estima que “el gobierno obtendría $2,400 millones”.
Ese monto resulta de restar al total de dinero ahorrado por los cotizantes en las dos AFP que existen en el país, lo cual asciende a casi $12,700 millones, los $8,100 millones invertidos en Certificados de Inversión Previsional (CIP); $2,000 millones en Eurobonos gubernamentales y $158 millones invertidos en otros sectores públicos, detalla la agencia en su informe.
Sin embargo, aclara que del monto que podría echar mano para financiarse, el gobierno solo puede tener en dinero contante y sonante $512 millones que están en Certificados de Depósito disponibles en bancos locales.
La agencia inglesa ya había advertido en su anterior informe del pasado 4 de abril 2022 que ante la necesidad de dinero el gobierno de Bukele podría incluso “confiscar” los ahorros de los trabajadores resguardados en las AFP en cuentas individuales.
En ese análisis planteó que la deuda del gobierno con el sistema de pensiones ha aumentado constantemente desde su reforma en 2006 y que se incrementó en $253 millones en 2021.
“Creemos que el gobierno podría obtener un monto similar este año o incluso más si la reforma que propondrá el gobierno incluye aumentar la participación de los CIP en la cartera de las AFP o confiscar parte de sus fondos”, plasmó la financiera en el documento.
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Pero también en julio 2021, EMFI emitió otro informe sobre el tema de las pensiones, al cual le ha estado dando seguimiento.
En aquel momento alertó que “la nacionalización de las AFP parece una posibilidad real. Es claro que el objetivo es fundamentalmente fiscal y confiscatorio”.
Otras agencias lo han advertido
Además de EMFI, la calificadora de riesgo Moody’s en el informe divulgado el 4 de mayo 2022, en el que degradó más la calificación crediticia de El Salvador y coloca al país a un peldaño de la categoría de impago, también consideró los ahorros de pensiones sería una salida del gobierno para obtener dinero.
“El gobierno ha anunciado su intención de reformar el sistema de pensiones, lo que según Moody’s podría liberar liquidez para cumplir con el pago de bonos de 2023. Sin embargo, dado que no se han proporcionado detalles hasta la fecha, los riesgos crediticios soberanos siguen siendo elevados”, advirtió la calificadora estadounidense.
Asimismo, la agencia de análisis inglesa Barclays, en julio 2021, coincidió con EMFI en que el gobierno podría nacionalizar las pensiones, es decir, tomar los ahorros de los trabajadores y pasarlas a manos del Estado. “Una solución extrema podría ser la nacionalización del sistema de pensiones para obtener el financiamiento necesario”, indicó Barclays en esa oportunidad.