El Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que fue creado en 2006 por el expresidente Antonio Saca y que permitió al gobierno echar mano de los ahorros de los trabajadores, será eliminado como parte de las reformas que el gobierno ha presentado a la Asamblea Legislativa, según dijo este lunes el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
De acuerdo al funcionario, "el gobierno actual no ha usado el fondo de pensiones para financiarse".
El FOP fue creado por Saca en 2006 cuando el gobierno ya no tenía fuentes de financiamiento para pagar pensiones de los jubilados del sistema público del INPEP. En ese entonces el gobierno de Saca tenía que tomar dinero del fondo general para costear este pago de pensiones, pero en vez de eso, decidió crear este fideicomiso y así obligar a las AFP a que le prestaran dinero de los ahorros de los trabajadores.
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Al crear este fideicomiso, son los trabajadores actuales quienes siguen manteniendo el pago de las pensiones de los adultos jubilados de hoy, por lo que muchos economistas afirman que en el país ya opera un sistema de pensiones de reparto, pero de forma obligada por el gobierno.
A la fecha se estima que desde 2006 hasta la fecha, los gobiernos desde Saca han colocado más de $7,900 millones en Certificados de Inversión Previsional (CIP) que comprenden este Fideicomiso.
Según Zelaya, el gobierno no ha usado este Fondo. "El gobierno no ha utilizado fondos de pensiones para financiarse", afirmó.
Sin embargo los datos oficiales demuestran que entre 2019 y 2022, ya en la administración de Nayib Bukele, el gobierno ha emitido más de $2,000 millones en CIP para financiar el pago de las pensiones de los jubilados actuales, que son un compromiso para el gobierno.
Patricio Pineda, representante del movimiento para una Pensión Digna, se pregunta si ahora que el gobierno ha decidido eliminar el FOP, el gobierno tendrá la capacidad para pagar un promedio de $400 millones que se requieren para el pago de pensiones de más de 100,000 jubilados.
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Es este FOP, además, el que ha hecho que los ahorros de los trabajadores no se multipliquen con rapidez pues debido a que el dinero se le ha prestado al gobierno, este ha pagado por ese dinero tasas de no más del 2%, lo que ha afectado considerablemente la rentabilidad de las cuentas individuales de los cotizantes.
A la fecha se estima que los trabajadores han perdido más de $3,800 millones solo en intereses dejados de percibir por la baja rentabilidad de sus pensiones, debido a la obligación de prestarle dinero al gobierno.
Durante la entrevista, el ministro Zelaya no detalló qué pasará con el dinero que se le debe a los ahorrantes ni cómo seguirá financiando el dinero que debe pagar a los jubilados actuales.