El riesgo de que el Gobierno de El Salvador no pague los $667 millones en bonos que se vencen en enero del próximo año sigue latente, señala la analista de mercados y directora general de Estrategia de Renta Fija para Latinoamérica del Santander Inversiones y Valores, Siobhan Morden.
Para la experta a poco más de un mes de vencer la fecha de pago de los bonos, este sigue siendo “un evento de riesgo crítico” respecto a los fondos disponibles para cubrir la deuda.
La analista señala que pese al compromiso mostrado por la administración Bukele con la compra anticipada de bonos realizada en septiembre donde inversionistas vendieron solo $133 millones de los primeros $800 millones en bonos que vencen en enero de 2023, aún es ambigua la liquidez para poder cubrir los $667 millones pendiente de la deuda que deberán cubrirse en esa fecha.
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Los bonos que se compraron en septiembre corresponden a solo el 16% de la deuda que se debe cancelar en enero. Según dijeron fuentes bursátiles en esa oportunidad, hubo desinterés entre los inversionistas, sobre todo en los que tienen bonos 2023 pues el gobierno ofreció pagar $910 por cada $1,000.
Las alertas sobre el riesgo de impago aumentan sobre todo luego de que Hacienda solicitara en octubre a la Asamblea Legislativa unos $1,139 millones, en deuda, los cuales incluirían los $667 millones correspondientes al saldo del Bono 2023 y una brecha para cubrir el presupuesto del siguiente año por $472 millones.
La solicitud del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que la Asamblea le autorice los fondos en deuda, ya sea en títulos valores, créditos o una combinación de ambos, se presentó pocos días después que llegara a la Asamblea la propuesta de proyecto del presupuesto para la Nación de 2023.
La cantidad solicitada es mayor de lo que Zelaya dijo que se necesitaría para cubrir la brecha presupuestaria.
Según el titular, esta apenas es de $472 millones, sin embargo, la solicitud de Hacienda dada a conocer este 4 de octubre, para solventar el financiamiento del gasto de 2023 no será posible cubrir solo con los ingresos tributarios del próximo año, pues es de más de $1,139 millones, es decir, $667 millones más de lo previsto.
Para la analista, la falta de transparencia y poco información que se tiene sobre el desglose del presupuesto general de la nación 2023 impide tener un panorama claro sobre las tendencias del manejo de efectivo.
El Salvador puede pagar con las condiciones que tiene. En su informe sobre la situación fiscal del país, la experta señala, además, que “los últimos datos fiscales muestran que el gasto sigue subordinado a los impuestos y la financiación, ya que no se puede gastar lo que no se puede pedir prestado” agrega en el informe publicado el pasado jueves.
Bajo este enfoque agrega que los ingresos fiscales siguen siendo sólidos y El Salvador sigue teniendo fuentes de financiación que también se mantienen constantes, lo que podría cambiar el panorama de caer en impago.
“Los temores anteriores de un corte de los préstamos multilaterales no se han materializado con el apoyo residual del BCIE y las nuevas líneas de crédito del CAF”, agrega.
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En julio pasado, El Salvador se convirtió en el país número 20 en unirse a la Corporación Andina de Fomento (CAF), organismo bajo el que funciona el Banco de Desarrollo de América Latina, el cual permite al país acceder a más créditos.
La alianza se dio en momentos en los que el país se enfrenta a dificultades para acceder a prestamos en el mercado internacional, algo que viene aunado con la baja calificación crediticia que tiene a partir de las decisiones políticas y económicas del actual gobierno.
Siobhan Morden es de la idea que con las condiciones económicas que tiene el gobierno, aún puede pagar esta la deuda siempre que se prioricen gastos y se consolide esta deuda.
“Aún quedan varios préstamos a través de multilaterales”, dice la experta.
Esto incluso podría darle al Estado un escenario que le permita poder pagar por más tiempo y un mejor equilibrio de los precios a nivel internacional.
“Esta consolidación fiscal que se hace a través de la recompra de bonos, más el bajo riesgo de una refinanciación de los CEtes y Letes (teniendo un refinanciamiento de esta deuda de corto plazo) reduciría el repago de los bonos”, resalta. La analista considera que sí sería posible hacer todos estos pagos, y hacer sostenible el pago de la deuda si el Gobierno cumple con esta consolidación.
Al reducir el déficit fiscal, esto mejora la liquidez del país y por ende reduce las necesidades de préstamos.
Sin embargo, a la fecha no hay claridad de cuáles son los planes que propone el gobierno para ordenar la mesa.
Bajas calificaciones
Por otro lado, si El Salvador no cumple con la deuda de estos $667 millones en enero, el país entraría en una situación de impago que empeoraría aún más la perspectiva que tienen los mercados internacionales acerca de las finanzas salvadoreñas.
Los fuertes compromisos de pago a corto plazo de El Salvador sumado al alto endeudamiento y una institucionalidad frágil han hecho que calificadoras internacionales bajen su nota al país y se eleve el indicador de riesgos en la medida en la que se acerca la fecha de pago de la deuda 2023.
En septiembre pasado, Moody’s y Fitch Ratings rebajaron la calificación de El Salvado a una categoría de bonos basura.
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Standard & Poor’s (S&P) también advirtiendo en septiembre con rebajar aún más la calificación para El Salvador CCC+ en los próximos meses si surgen problemas para pagar los compromisos fiscales que están próximos a vencer.
La experta sostiene que pese a tener la posibilidad de que se pague la deuda con las condidiones actuales la rigidez financiera podría debilitar los riesgos de financiamiento.
Hace referencia a que hasta septiembre de 2022, el nuevo financiamiento neto para El Salvador ha sido principalmente del Banco Central (o una disposición de depósitos del tesoro), y la última Superintendencia de Bancos muestra todavía $1,400 millones en depósitos del sector público, no obstante “los mínimos de varios años pueden obligar a los funcionarios a buscar fuentes alternativas de financiamiento”.
“Esto requerirá financiamiento incremental de multilaterales (todavía a la espera de compromisos que se traduzcan en desembolsos), acceso a fondos externos alternativos o una mayor dependencia de los bancos locales”, sentencia.
Sobre la segunda recompra de bonos anunciada por el Gobierno de Bukele para los que vencen en 2025, cuyo valor fue puesto $540, Morden dice que la segunda recompra es menos relevante “ya que la administración Bukele ya ha demostrado su prioridad de pago de la deuda en la primera transacción”.
“La cantidad ofrecida también sería menos relevante tan cerca del vencimiento de la amortización del 24 de enero y después de haber retirado ya más de la mitad de los eurobonos de 2025, concluye.