Con cuatro años de gestión ya cumplidos, el gobierno de Nayib Bukele se ha caracterizado por haber aumentado casi todos los indicadores del país con respecto a los gobiernos anteriores, aunque esto no ha sido algo necesariamente positivo, pues entre esas cifras pueden encontrarse puntos negativos como la deuda pública total, el riesgo país, o el aumento en el gasto público, incluyendo el incremento del gasto para el pago de salarios de los empleados del propio gobierno.
Con respecto a esto último, el principal dato que hay que analizar es la cantidad de empleos que hay actualmente en el Sector Público No Financiero (SPNF), el cual según el decreto No. 533 de 2016 “comprende todas las instituciones del Gobierno Central y aquellas que financien su funcionamiento con fondos públicos o que reciben subvenciones del Estado”, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), las municipalidades y otras instituciones descentralizadas.
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Asimismo, incluye a las empresas públicas que son instituciones oficiales autónomas, como por ejemplo la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Lotería Nacional de Beneficencia.
En este sentido, el número de empleados públicos que el ISSS manejaba en junio de 2019, mes en el que asumió el poder el presidente Bukele, era de hasta 168,100 personas, una cifra que si se compara con la de junio de 2018 o con la de junio de 2017 no representa mayor diferencia.
De hecho, según los datos comparados con los distintos Informes de Coyuntura que publica regularmente el ISSS, entre junio de 2018 y junio de 2019 la variación de empleados nuevos fue de solo 539 trabajadores que se incorporaron al SPNF, mientras que si se compara con el dato de 2017, en un año la cifra, de hecho, bajó en 483 plazas, por lo que, cuando el gobierno actual llegó al poder, la cantidad de empleos públicos mostraba un aumento de solo 56 trabajadores con respecto a 2017.
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Debido a que no hubo mayor diferencia entre esos años, el aumento de los años siguientes es verdaderamente significativo, pues ya para junio de 2020 esa cifra alcanzó los 176,270 empleados, lo que se traduce en un incremento de hasta 8,170 nuevas contrataciones en el SPNF con respecto a cómo recibió el gobierno la Administración Bukele.
Los años siguientes también fueron de aumentos constantes, pues la cifra llegó a 186,040 en junio de 2021 e, incluso, en diciembre de 2022 a los 197,279.
Actualmente, según el Informe de Coyuntura más reciente que ha publicado el ISSS, y cuyos datos están actualizados hasta febrero de 2023, el número total de empleados públicos rondaría los 195,539, una cifra que refleja que hubo despidos entre diciembre y enero en el gobierno pero que, aún así, demuestra cómo el Estado se ha ensanchado durante el actual gobierno.
Las remuneraciones, una carga fiscal más
Estos más de 27,000 empleos nuevos que ha creado el actual gobierno también han significado un fuerte aumento en la carga fiscal país, específicamente por los montos que se destinan para el pago de las remuneraciones para todos los trabajadores públicos.
Según el informe que presentó hace algunas semanas el Observatorio de Políticas Públicas (OPP), de la Universidad Francisco Gavidia, el gasto total para pagar esos salarios aumentó hasta en $578 millones entre 2019 y 2022, pues en el año en el que Bukele tomó el control, se destinó un total de $2,900 millones para estas remuneraciones, mientras que el año pasado cerró con la cifra de $3,478 millones.
8,170
Plazas son las que creó el gobierno en su primer año de gestión.
En junio de 2019 había 168,100 plazas públicas.
Este fuerte gasto ha sido cuestionado por representar un fuerte porcentaje del PIB y, de hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló en febrero de este año que “para 2023 se prevé que el gasto en remuneraciones siga superando el 11% del PIB. Por ello, debería considerarse la derogación de los mecanismos especiales de indexación salarial y una reforma del servicio civil que refuerce el vínculo entre cualificaciones y retribuciones, así como el redimensionamiento del empleo público”.
Este fuerte gasto puede comprenderse como otro punto de presión para las finanzas públicas, las cuales en la actualidad se encuentran en una situación delicada debido a distintas coyunturas, como lo es el nulo acceso a financiamiento externo que tiene el gobierno como producto de distintas decisiones políticas que han minado la confianza de los inversionistas.
En este sentido, el economista Rafael Lemus apunta que incluso una gran parte de la recaudación tributaria en el país, la cual tuvo un aumento en 2022, se ha destinado precisamente para estas remuneraciones, por lo que esos ingresos no se han podido inyectar a proyectos de obras para el país.
Debido a esto, el también economista Luis Membreño apunta a que “la situación financiera del gobierno debería hacerlos reflexionar sobre la necesidad de hacer una racionalización del tamaño del Estado y no deberían seguir creciendo con la creación de nuevas entidades estatales, sino todo lo contrario. Las crisis son tiempos de oportunidades para replantearse todo y volverse más eficientes”.
No obstante, Lemus subraya que “bajar el gasto en los salarios es complicado, a menos que el gobierno viole las leyes laborales y recorte plazas a la brava”, algo que señala que sí ha estado pasando pero que aún así la presión de gastos se mantiene.
“La situación financiera del gobierno debería hacerlos reflexionar (...) no debería seguir creciendo con la creación de nuevas entidades, sino lo contrario”.
Luis Membreño, economista
De acuerdo con el FMI, el déficit fiscal del país (diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa) ronda los 2.5% del PIB, una cifra que, en términos monetarios, podría equivaler a que el gobierno gastó unos $736 millones más de lo que obtuvo en ingresos el año pasado.
