Los ajustes que ha hecho el gobierno en el presupuesto de 2023 en lo que va del año reflejan un enfoque más orientado en el funcionamiento estatal que en el desarrollo de capital humano, señala economista.
En el más reciente informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos 2023, con datos hasta julio, se detalla que si bien el gasto en pago de salarios de los empleados públicos abarca un porcentaje mayor dentro del gasto corriente del Estado, el Ministerio de Hacienda ha recortado $38.6 millones en ese rubro.
Lo aprobado en el presupuesto para remuneraciones era de $2,461.1 millones pero hasta julio había bajado a $2,422.5 millones, lo que podría estar relacionado a despidos de empleados en el aparato público.
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De los recursos destinados al pago de salarios, el gobierno ha utilizado $1,431.1 millones, que representa el 59.1% de ejecución de fondos.
También se desprende de los datos que la inversión en capital humano, es decir los recursos para mejorar las competencias y habilidades de los trabajadores, aunque aumentó de $62.1 millones a $76.3 millones, tiene el porcentaje más bajo de fondos asignados en los gastos de capital.
Sin embargo, en el rubro de bienes y servicios, Hacienda ha incrementado en $223.1 millones el presupuesto de esa partida de gastos.
Según el informe oficial, para bienes y servicios el gobierno tenía inicialmente un presupuesto de $353.3 millones, pero con los ajustes que han hecho subió a $576.4 millones en siete meses. De ese dinero ya usaron $239.5 millones, que equivale al 41.6% de los fondos.
Al ver este contraste de datos, la economista Tatiana Marroquín considera que al comparar los recursos destinados para las remuneraciones de los empleados con el gasto de capital, se observa que la ejecución que están priorizando es la de funcionamiento del Estado, pero no se apuesta por el desarrollo a futuro.
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“La tendencia de ejecución del gasto del año pasado y este muestran que el gobierno continúa sin priorizar áreas relevantes tanto para la protección de personas en situación de vulnerabilidad, como las de los programas del Ministerio de Desarrollo, así como el gasto de capital”, señaló la experta anteriormente.
Un informe divulgado este año por el Observatorio de Políticas Públicas (OPP), de la Universidad Francisco Gavidia, apuntaba que el gasto total para pagar salarios públicos aumentó hasta en $578 millones entre 2019 y 2022, pues en el año en el que llegó al poder el actual gobierno se destinaron $2,900 millones para remuneraciones, mientras que el año pasado cerró con $3,478 millones.
Ese aumento está ligado a que en la actual administración la cantidad de empleados públicos creció en casi 30,000, algo que ha provocado más presión a las finanzas públicas. De hecho, este fuerte gasto ha sido cuestionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque representa un fuerte porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto).
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Otras reducciones
De acuerdo con el informe de Hacienda sobre la ejecución del presupuesto, los gastos corrientes en general hasta julio 2023 ascendieron a $3,796.7 millones, lo que representa el 62.3% de la asignación de $6,093.9 millones, pero reflejan una reducción de $26.4 millones.
Por clasificación, para transferencias corrientes, es decir los recursos que han trasladado a las instituciones para su funcionamiento, han usado $1,262.8 millones, equivalentes al 63.5 % de los fondos asignados, los cuales con los ajustes en el presupuesto han disminuido en $259.4 millones.
Mientras que los gastos financieros, es decir los costos que se pagan por el financiamiento que le han dado al gobierno, ascienden a $863.3 millones, con una ejecución del 77.9 %. Estos han incrementado en $48.5 millones entre enero y julio de 2023.