El economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, se refirió a la nueva Ley Integral de Pensiones que, desde finales de diciembre de 2022, entró en vigencia en el país, la cual incluye algunas modificaciones con respecto a la ley anterior.
Sin embargo, Castaneda considera que esta reforma no es integral, "pues lo integral solo quedó en el nombre" debido a que aún no ha superado distintos aspectos como lo es la cobertura del sistema previsional.
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Un ejemplo de ello es que, actualmente, 8 de cada 10 adultos mayores no gozan de una pensión, por lo que el sistema sigue siendo excluyente, al mismo tiempo de que la nueva ley no promueve la ampliación en esa cobertura, tal como lo han señalado anteriormente otros expertos en el tema.
Además, apunta que afecta a los jubilados debido a que el aumento del 30% en todas las pensiones desembocará en un agotamiento prematuro de los ahorros previsionales.
Lo anterior se debe a que, pese a que el aporte de los patronos aumentó en un 1%, no es suficiente para compensar la subida del 30% de la pensión, por lo que las cuentas individuales de los trabajadores no crecerán.
Esto quiere decir que, una vez el jubilado comience a recibir su pensión ya incrementada, su cuenta individual se acabará más pronto, pues es esa misma cuenta la que financiará el aumento del 30%.
Este punto ya ha sido cuestionado por abogados y por la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, la cual considera que la nueva ley pone en riesgo aún más la sostenibilidad del sistema, pues al agotarse la cuenta individual de una persona jubilada, su pensión pasaría a ser financiada con los ahorros de los cotizantes actuales.
En ese sentido, las pensiones de las personas que se retiren en los próximos años se verán comprometidas, según han apuntado otros economistas anteriormente.
Ante esto, Castaneda también hace énfasis en lo relacionado a la deuda que tiene el Estado con el sistema previsional, es decir, el dinero que ha tomado prestado de los trabajadores y que, actualmente, ascendería a unos $8,000 millones.
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Según el economista, debido a que la nueva ley incluye que esa deuda pase a ser administrada por el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), y que sea ese instituto el que establezca los intereses y los períodos para pagarla, los ahorros de los salvadoreños también podrían resultar afectados.
"En un contexto de problemas de financiamiento para el país, no sería de extrañar que las condiciones sean más favorables al gobierno y en detrimento del fondo de pensiones", apunta Castaneda, quien además concluye que "es necesario avanzar hacia una verdadera reforma integral al sistema".