A pesar de que la operación de recompra parcial de los Bonos de 2023 y 2025, ayudó a que el gobierno evitara un muy posible escenario de impago de la deuda correspondiente al bono que vence dentro de pocos días, la imagen que tiene el país ante la perspectiva de los inversionistas en los mercados internacionales sigue siend, a la fecha, negativa.
Durante todo el 2022, e incluso desde 2021, la posibilidad de caer en default era uno de los principales riesgos que enfrentaban las finanzas públicas, algo que fue impulsado, en gran parte, por el acelerado ritmo de endeudamiento que la administración de Nayib Bukele ha mantenido desde que llegó al poder en 2019, y que aumentó tras la llegada del oficialismo a la Asamblea Legislativa.
Ante esa situación, que minó la calificación de riesgo país que manejan las principales agencias calificadoras crediticias, como Fitch Ratings, Moody’s, o Standard & Poor’s, el gobierno lanzó la oferta de recompra del bono el año pasado, habiendo logrado, hasta diciembre, recomprar unos $647 de los $1,600 millones que valen ambos bonos, en un intento por “mejorar la imagen del país”, según explicó en su momento el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
No obstante, hasta la fecha, y sin actualizaciones recientes, las calificadoras mantienen la nota para la deuda del país en la categoría de “bonos basura”, es decir, con una calificación abajo de los grados de inversión que establecen estas agencias, lo que se traduce en que hay un “riesgo sustancial” de que el país, de todas formas, caiga en impago en algún momento, sobre todo, porque en el mediano y en el largo plazo aún hay obligaciones fuertes a las que el gobierno debe hacerles frente en los próximos años.
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En este sentido, por ejemplo, Moody’s mantiene una nota de Caa3 desde mayo de 2022, mientras que Standard & Poor’s y Fitch Ratings mantienen una calificación de CCC+ y CC, respectivamente, las cuales están muy cercanas a las peores notas que establecen estas calificadoras para los créditos soberanos.
De acuerdo con el economista Rafael Lemus, “a pesar de que el pago del Bono 2023 está 100% asegurado para los próximos días, hay que analizar qué dicen los mercados acerca de la situación”, pues “nos castigan porque el ritmo de endeudamiento del país sigue siendo insostenible”, algo que se suma a que “tampoco hay certeza sobre la gestión fiscal” del gobierno, según explica.
Con respecto a esto, un punto que tampoco ayuda a que el país logre el objetivo que planteó el ministro Zelaya antes de la recompra de la deuda, es la falta de un acuerdo de asistencia financiera por $1,300 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual hasta el año pasado aún estaba en conversaciones entre ambas partes, aunque a la fecha, Lemus apunta que “estamos aún más alejados de lograrlo”.
Asimismo, la economista Tatiana Marroquín, por su parte, considera que otro punto que podría ser un obstáculo para mejorar la imagen del país en los mercados es que la operación que culminó en la recompra de casi $196 millones del Bono 2023 es, en sí misma, una muestra de los problemas que tiene el país con respecto a la liquidez, pues refleja la imposibilidad del gobierno por cumplir con el pago total del bono.
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“Los movimientos que hizo el gobierno (recompra de deuda) no se pueden valorar como solidez financiera desde la perspectiva de las finanzas públicas”, señala Marroquín, quien además apunta que la operación “no puede leerse como un buen manejo de las finanzas del país o una disminución en el riesgo de caer en impago”.
Aún así, uno de los indicadores que sí ha mejorado tras la recompra es el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), el cual mide el rendimiento de los bonos soberanos y marca el interés que debería pagar el país si sale a colocar deuda en los mercados, pues hasta el 12 de enero se coloca en los 15.97%, luego de haber superado los 35 puntos porcentuales en julio del año pasado, siendo superado solo por el EMBI de Venezuela a nivel latinoamericano.
Aún con esa mejora, el índice se mantiene demasiado alto, por lo que los mercados continúan técnicamente cerrados para el país pues las tasas de interés a las que podría emitir bonos, si quisiera, son demasiado altas y poco viables para las finanzas públicas, según subraya Lemus.
No obstante, y más allá de esa leve mejoría en el EMBI, el economista apunta que el único beneficio que obtuvo el país con la operación fue el ahorro de dinero para el Estado al haber recomprado esos bonos a un precio menor del que tenían originalmente, sobre todo en el bono a vencerse en 2025.
Esto porque de ese deuda, originalmente de $800 millones, solo tiene pendiente cancelar la suma de hasta $347.9 millones luego de la operación, algo que deberá pagar dentro de dos años.
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En tanto, la razón por la que el gobierno logró recomprar estos bonos a un precio menor que el original es debido a que el riesgo de impago que mantiene el país ha provocado que en los últimos dos años, los valores de esos bonos caigan, por lo que los bonos a más largo plazo, de 2027 en adelante, actualmente se cotizan en precios que rondan los $50 por cada $100 que han invertido los tenedores de esos cupones.
En pocas palabras, los economistas explican que entre menos valor tengan, más alta es la desconfianza del mercado y los inversionistas con respecto a que el país pueda cumplir con esos compromisos de pago en los próximos años.