Antes de la pandemia, las finanzas públicas no estaban en su mejor momento. Sin embargo, a criterio de la economista Tatiana Marroquín, estas llevaba en un proceso de “ordenamiento”.
Pero una vez entró Nayib Bukele a la presidencia del país en junio de 2019, hubo un agresivo incremento del gasto público, el cual ha sido financiado con mayor deuda.
Pero la deuda no proviene únicamente de afuera. El Gobierno también tiene la posibilidad de prestarle dinero al sistema financiero local que se compone por los bancos, las aseguradoras y las AFP’s. Y eso es lo que ha hecho con mayor énfasis en los últimos meses.
El gobierno ha adquirido deuda de corto plazo en el sistema financiero local a través de las Letras del Tesoro Público (LETES) y de los Certificados del Tesoro (CETES). Sin embargo, este mecanismo tiene un límite que lo da la Asamblea Legislativa cada año con base en el Presupuesto General de la Nación.
En el articulado de este se indica que el gobierno no puede pedir más del 25 % de los ingresos corrientes en calidad de deuda de corto plazo. En palabras simples, tiene una tarjeta de crédito con un límite máximo de $1,600 millones aproximadamente.
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Pero, ¿se encuentra esta al límite de su capacidad? La respuesta es sí. Hace 10 años, el saldo de las Letras del Tesoro era de unos $569 millones. Poco a poco, este saldo se fue incrementando hasta llegar a $1,230 millones. Una cifra muy cerca del límite que el gobierno tiene para poder prestarle dinero a los bancos privados.
La cuestión es, ¿se están utilizando las Letras del Tesoro para su finalidad? La Constitución dicta en su artículo 227 que “en el presupuesto se autorizará la deuda flotante en que el Gobierno podrá incurrir, durante cada año, para remediar deficiencias temporales de ingresos”. Sin embargo, a criterio de economistas, este mecanismo está siendo usado para pagar la deuda que se va venciendo, pues, estas deudas de corto plazo suelen vencer en un máximo de un año.
“Cuando vence una deuda de LETES, (el gobierno) emite otra deuda de LETES para pagar esa que venció. Están haciendo una bicicleta”, explica Rafael Lemus.
Ejemplificando la situación que plantea el economista, es como si un salvadoreño pagase los servicios básicos de su hogar como la energía eléctrica, el agua o el internet; incluso la gasolina con su tarjeta de crédito. Pero al final de mes no paga completamente esos gastos sino que paga solo el mínimo que va venciendo. Desde luego que la cuenta irá incrementando cada vez más. Eso ocurre con las deudas de corto plazo que adquiere el gobierno.
Lemus plantea como entendible que el gobierno tenga algunos problemas de liquidez un mes, y eso lo obligue a emitir deudas de corto plazo para salvar ese mes. Pero el problema que hay actualmente es que “el gobierno ha sostenido el déficit fiscal (más gastos que ingresos) con deuda de corto plazo, cuando lo normal o digamos en una gestión más prudente, lo que se hace cuando uno tiene un déficit fiscal es tomar la deuda de largo plazo”, advierte Lemus.
Sin embargo, el gobierno no está en las condiciones de tomar una deuda de largo plazo porque los mercados internacionales se rehusan a la deuda de El Salvador debido el Riesgo País (riesgo frente a las operaciones financieras internacionales) el cual ha incrementado en los últimos meses por su alto endeudamiento.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), en un informe del 2021 sobre deudas de corto plazo, publicó que “El Salvador ha tenido un uso inadecuado de la deuda de corto plazo, ajeno a los fines para la cual fue creada. Lo anterior tiene consecuencias para la gestión de las finanzas públicas y para los ciudadanos”, explica el documento.
Algunos de esos riesgos son la necesidad de recursos urgentes para pagar los vencimientos de deuda, y esa dinámica empeora el Riesgo País que aisla al Estado de los mercados internacionales.