La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) propuso este viernes al gobierno implementar medidas de austeridad como una primer medida para contrarrestar la inflación que vive el país producto de la pandemia y de la invasión de Rusia a Ucrania.
La gremial urgió al gobierno a que limite sus gastos públicos, por medio de la implementación de un plan de austeridad. Además propuso "una posible suspensión o reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos como gasolina, canasta básica y medicamentos".
“La empresa privada está y estará haciendo su parte para apoyar las acciones que busquen paliar los efectos económicos que puedan impactar al país, pero consideramos que este debe ser un esfuerzo colaborativo entre el gobierno y el sector privado. Proponemos que desde el gobierno también se creen medidas de austeridad enfocadas a reducir el gasto público, detener las contrataciones gubernamentales, suspender los gastos por viajes al exterior, frenar el endeudamiento del país generado por compras de bitcoin, entre otras”, explicó el presidente de Camarasal, Jorge Hasbún, a través de un comunicado oficial.
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También instó al gobierno a diseñar un programa social que permita focalizar los recursos en las personas vulnerables a caer en situación de pobreza y establecer medidas de estímulo a productores agrícolas, con el objetivo de ir construyendo un sector más competitivo, que garantice la seguridad alimentaria de la población.
Sobre las 11 medidas del gobierno
En referencia a las medidas anunciadas el 10 de marzo por el presidente de la República, Nayib Bukele, para combatir los efectos inflacionarios, la Camarasal considera que la eliminación del impuesto a la importación de cerca de 20 productos de la canasta básica tendrá un efecto modesto o casi nulo en la reducción de precios, debido a que muchos de estos tradicionalmente provienen de países centroamericanos que ya cuentan con una exención del impuesto a la importación gracias a los tratados de libre comercio vigentes.
Con respecto a la eliminación, por tres meses, del impuesto al Fondo de Estabilización para el Fomento Económico (FEFE) y de la Contribución al Transporte (COTRANS), Camarasal considera que, si bien estas medidas son positivas y beneficiarán a consumidores finales de combustibles, el impacto será menor en el transporte colectivo y en los costos de las empresas, pues no se aplica al combustible diésel.
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En cuanto a las acciones tendientes a fiscalizar la venta de gas licuado de petróleo (GLP), combustibles y comercios, Hasbún dijo "que espera que las acciones de inspección y vigilancia sigan el debido proceso, sin entorpecer la producción y distribución, sobre todo en los comercios pequeños, que son liderados por micro y pequeñas empresas".
Hasbún también dijo que como sector productivo siempre están abiertos al diálogo y al trabajo conjunto con el gobierno, pero enfatizó en El Salvador existe "la necesidad del respeto al Estado de Derecho, la certeza jurídica y la libre economía, para el desarrollo económico y social sostenible".