Si el panorama financiero de El Salvador ya estaba complicado, la baja calificación crediticia que anunció Fitch lo empeora, porque ahora estará más difícil que el país consiga financiamiento para pagar las deudas que están por vencer, ya que la calificadora de riesgo destaca que la posibilidad de impago no desaparece con la recompra de bonos 2023 y 2025.
Economistas consultados señalan que uno de los puntos fuertes que destaca Fitch en su comunicado del jueves es que justamente el riesgo de incumplimiento de deuda sigue latente.
Rommel Rodríguez, economista de Funde, explica que, si bien hay que esperar cómo se desarrolla la compra de bonos, lo que llama la atención es que la calificadora dice que independientemente del monto o las condiciones de la operación, no cambia sustancialmente la probabilidad de impago. "Es decir que está demás ésta jugada que quiere hacer el gobierno, siempre está esa fuerte probabilidad de impago, más allá de cuánto es el monto y el precio de los bonos", expresa Rodríguez.
El economista añade que "también hay otras condiciones que, probablemente, están incidiendo en los mercados, en el atractivo de la recompra o no y es el tema de que el mensaje siempre carece de consistencia del ministerio de Hacienda, porque primero se había dicho $560 millones, ahora es menos; que la compra sería a precio de mercado y ahora es otro monto".
El gobierno había dicho el mes pasado que disponía de $560 millones para la compra de bonos, de los cuales $360 millones provienen de reservas internacionales y $200 millones de un préstamo del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), pero cuando anunció la oferta pública fue por $360 millones. Además había dicho que los comprarían a precio de mercado y luego esas condiciones cambiaron y por los bonos 2023 ofrecen $91 (de cada $100 invertidos) y por los de 2025 ofrecen $54, es decir $46 menos de lo invertido.
Aunque Rodríguez explica que si el gobierno comprara los bonos a precio de mercado "se puede entender como una condición de impago, pero los mensajes son un poco distorsivos".
Otro punto que señala el economista es la discrecionalidad que establece el gobierno de que "tomará aquellas propuestas de compra que estime conveniente y discriminará las que no quiera, no tratando de manera equitativa las propuestas, creo que esas cosas tienen que ver también" en la confianza de los inversionistas.
Ricardo Castaneda, economista de Icefi, también apunta que "Fitch coloca a El Salvador en una categoría en la cual se establece que hay una alta probabilidad de impago, básicamente porque desde el gobierno solo se ha presentado públicamente $560 millones, que son los que tienen disponibles para comprar los bonos 2023 y 2025".
ADEMÁS: Compra de bonos no elimina riesgo de impago de El Salvador, advierte agencia
Castaneda dice que es de la idea que el gobierno todavía tiene opciones para poder pagar los $800 millones de bonos que vencen en enero 2023 "pero la situación financiera seguiría siendo crítica".
Otro apartado que Castaneda observa con interés de lo que Fitch informó es que "ellos señalan la crisis de liquidez que tiene el gobierno y esto obviamente tiene consecuencias en el día a día, porque por eso observamos retrasos en el pago de proveedores, proyectos de inversión que no se ejecutan, compras de bienes y servicios que no se realizan o en la forma como estaba presupuestada; todos estos elementos son expresiones de esta situación delicada".
El economista Rafael Lemus coincide en la misma lectura de lo que anunció la calificadora de riesgo.
"La recompra de bonos no altera la probabilidad de impago; brecha de $900 millones sin fuente de financiamiento y rezago en desembolsos de multilaterales; reservas de bancos (RIN) podrían estar bajo presión adicional", tuiteó el especialista a manera de resumen.
Fitch estima que el gobierno salvadoreño tiene un faltante de $900 millones para pagar deudas entre septiembre 2022 y enero 2023, pero no se tiene clara la fuente de financiamiento. De allí que Lemus cuestiona: "¿Quién otorgará más financiamiento para el déficit de más de mil millones por año + amortización?".
Además, Otto Boris Rodríguez, un economista independiente, opina "la nueva degradación de riesgo que hace Fitch es una confirmación del entorno adverso que vive la economía. Los economistas en general, vemos que hay un fallo en la consistencia de políticas públicas. Tendencia a deteriorarse".
En cambio, la economista Irina Santos tiene otra lectura del anuncio que hizo la calificadora de riesgo: "Fitch anima a inversionistas a vender a descuento. Sí yo fuera Alejandro Zelaya (ministro de Hacienda) solo recomprara los bonos que vencen el 2025 pues a ese precio casi borraría esa deuda".