El perfil financiero de El Salvador a nivel internacional está lejos de estar en buena posición, según la última actualización de la Agencia Fitch, que mantuvo con nota de CC (de las más bajas) para el país en la calificación internacional de riesgo emisor de largo plazo (IDR, por sus siglas en inglés).
“El Salvador cumple sus obligaciones de deuda. Para mala suerte de la campaña de desinformación de algunos medios nacionales e internacionales, anunciamos que este día hemos completado el pago del Bono 2023 por $800 millones, más intereses”, expresó el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, cuando el Gobierno pagó esta deuda justo un día antes de que se cumpliera el plazo fatal, el 23 de enero pasado.
Hacienda publicó entonces en su sitio web oficial que "el cumplimiento puntual de esta obligación, demuestra la responsabilidad del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para honrar sus compromisos internacionales y seguir desarrollando acciones estratégicas que abonen a tener finanzas públicas saludables".
Pero, para Fitch, dichas finanzas no gozan de buena salud.
De acuerdo con un comunicado de Fitch difundido este jueves, la agencia argumentó que mantiene la baja nota de CC para El Salvador, debido a que el Gobierno aún está bajo una intensa presión fiscal y con un acceso restringido al mercado, además que atraviesa intentas necesidades de financiamiento.
Es por ello que para Fitch, en el futuro, El Salvador podría caer en "algún tipo de incumplimiento dentro del horizonte de calificaciones".
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La delicada situación financiera de la administración Bukele ocurre, en parte, por las altas tasas de crédito del mercado internacional, lo que lleva a que el Gobierno deba depender del mercado interno, con el uso de Letras y Certificaciones del Tesoro (Letes).
Remarcó también la agencia que, hoy por hoy, los principales financistas bancarios del Gobierno de El Salvador son el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina.
Otra bandera roja para Fitch es el canje de la deuda que encierra la recién aprobada reforma al sistema de pensiones, la cual "podría equivaler a un incumplimiento de acuerdo con los criterios de calificación soberana de Fitch".
Según la reforma mencionada, los Certificados de Inversión Previsional (CIP), que son emitidos por el Gobierno para financiar los pagos pendientes del anterior sistema previsional público, serán canjeados por Certificados de Financiamiento de Transición (CFT); pero, para Fitch, hay incertidumbre porque Hacienda no ha dado detalles sobre estos CFT.
De acuerdo con la reforma, el canje entre CIP y CFT debe darse dentro de los 120 días tras la aprobación de la reforma, lo cual ocurrió el 30 de diciembre de 2022.
Este tipo de canje de deudas ya provocó que, en 2017, Fitch rebajara la calificación para el país, recordó la agencia.
"Las modificaciones a los términos del CIP a través de este intercambio, incluidas las extensiones de vencimiento o período de gracia, podrían equivaler a un incumplimiento", subrayó Fitch.