Que los precios del combustible queden fijos para los próximos 15 días es una medida muy probablemente bien recibida por los conductores. Pero, ¿es esta medida sostenible ante unas finanzas públicas ya debilitadas? O, a nivel de sociedad, ¿minimizará el impacto económico que ya sufrieron, sobre todo, los hogares más pobres?
Las finanzas del país no son las mejores debido al aumento de la deuda pública. Así lo indicó en febrero pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un análisis de los riesgos para la adecuada recuperación económica del país. “Prevemos que las tasas de crecimiento a mediano plazo en El Salvador se reducirán a aproximadamente un 2 % (…) Es una tasa inferior al promedio histórico y además una causa de los costos de endeudamiento público elevados”, indicó el organismo.
Pese a ello, la Asamblea Legislativa aprobó este lunes la Ley Especial Transitoria para Fijar Precios Máximos de los Combustibles sin divulgar un estudio técnico que indique su impacto en las finanzas públicas ni datos de cómo aliviará la carga económica que resienten desde hace meses los salvadoreños, señalan economistas.
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Uno de ellos es Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), quien cree que estas medidas deben ir acompañadas por un estudio sobre el impacto en las finanzas públicas para que otros rubros sociales no queden sin financiamiento.
“Este tipo de medidas deben de ir acompañadas por un estudio sobre el impacto en las finanzas públicas y las fuentes de financiamiento alterno. En este caso, básicamente lo que se va a ver afectado es el tema de la recaudación porque la forma en cómo se estaría pagando este subsidio es que las empresas lo van a poder acreditar al gobierno en el pago de impuestos”, apunta Castaneda.
Uno de los ejemplos que plantea el economista en torno a cómo se ejecutará el subsidio al combustible es que, si una empresa debe pagar $100 de impuestos, pero le corresponden $20 de subsidio, con la medida solo va a pagar $80. Es decir, el gobierno va a percibir $20 menos en recaudación.
A eso, se le debe restar el dinero que se suprimió de los impuestos del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico (FEFE), estipulado en $0.16 y el de la Contribución al Transporte (Cotrans) de $0.10, más los $0.02 en concepto de IVA del FEFE. Esto significa que por cada galón de combustible comprado el gobierno está percibiendo $0.28 menos en impuestos.
“En un contexto en que la economía mundial está presentando signos de debilitamiento y la propia economía nacional también es de tenerlo muy en cuenta, porque si no la situación financiera del gobierno se puede complicar más”, añade.
Este año, El Salvador tiene que pagar más de $2,000 millones en Letes y Cetes (Letras y Certificados del Tesoro). Adicionalmente, en enero del 2023 hay un vencimiento de $800 millones en bonos.
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Ante las medidas relacionadas al combustible, surge la pregunta: ¿tendrá la capacidad el gobierno de conseguir financiamiento para cubrir sus deudas?
El economista Rafael Lemus es de la idea que la recaudación puede no verse afectada, pues ha crecido cerca del 10 % en el primer trimestre de este año en comparación con el año pasado. Y añade que mientras los precios de la canasta de bienes y servicios sigan altos, el gobierno va a recaudar más.
Sin embargo, él cree que una cosa es que todo el mundo esté conforme con que no suban los precios de las gasolinas y diésel y otra muy distinta es la forma en cómo el Gobierno lo ha hecho.
“La medida viene a poner un precio máximo y con eso se está rompiendo todo el esquema que se había diseñado. (...) Ahora lo que está haciendo es fijando un precio y luego, para atrás, va a ajustar los créditos y débitos del IVA con los grandes importadores de derivados de petróleo. Entonces, ahí sí puede haber un problema en el sentido de los tiempos, porque no es lo mismo pagar el IVA ya y recuperarlo dentro de tres meses”, agrega.
Otro punto que destaca el economista, dentro del contexto de las medidas impulsadas por el gobierno es la seguridad alimentaria. A criterio de Lemus, el Ejecutivo no ha garantizado que haya más alimentos y que el precio de estos logre bajar o estabilizarse, en contraste con los combustibles.
“No se ha logrado hacer una buena coordinación y una estrategia de mayor producción de alimentos, principalmente de granos básicos y otros productos como lácteos. Y, en este contexto internacional, los precios de alimentos siguen subiendo y eso significa que se va a poder comprar alimento importado, pero a un precio más alto, y ahí es donde se complica porque la población está perdiendo capacidad de compra”, apunta el economista.
En ese sentido, la diputada de oposición Claudia Ortiz considera que el gobierno debió priorizar el subsidio a los salvadoreños y no a las empresas y, además, opina que el beneficio económico fuera mejor enfocado a los alimentos.
MEDIDAS ECONÓMICAS ANTE EL ALZA EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE
ELIMINACIÓN TEMPORAL DE LOS IMPUESTOS FEFE Y CONTRANS
La Asamblea Legislativa, en sesión plenaria extraordinaria, aprobó el pasado 13 de marzo la suspensión por tres meses de dos impuestos al combustible, lo que implicó inicialmente una rebaja de $0.26 por galón.
REDUCCIÓN DE UN PORCENTAJE AL IVA
A finales de marzo, la Asamblea aprobó reducir, por 15 días, un porcentaje de otro impuesto que se paga en cada galón de combustible: El IVA. En la gasolina superior se redujo un 4.75 %; en la gasolina regular un 5 % y en el diésel 1.75 %. La medida terminó el 4 de abril.
ASAMBLEA FIJA NUEVOS PRECIOS
Tras el vencimiento de la segunda medida, la Asamblea aprueba fijar los precios por galón de combustible en hasta $4.32 por dos meses.