La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) emitió este lunes un comunicado en el que expresa su preocupación por la escalada de violencia del fin de semana y advierte sobre posibles afectaciones en la cadena de distribución por el Régimen de Excepción decretado por el gobierno.
"De acuerdo con el Régimen de Excepción vigente, no hay restricciones en la libertad de movilidad, por lo que no afecta la circulación de las personas, únicamente lo habrá en las zonas de alto riesgo en las que las autoridades estén interviniendo, por lo que las actividades industriales de distribución de bienes pueden verse restringidas temporalmente", advierte la ASI.
La Asociación también llama a las empresas a pedir a todos sus colaboradores a mantener la calma y "portar siempre sus documentos de identidad o cualquier otro documento vinculado a la libre circulación como la licencia de conducir, tarjeta de circulación de los vehículos, pasaporte en el caso de los extranjeros en territorio salvadoreño".
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Además solicita a la población estar atenta de las indicaciones de las autoridades para la seguridad de todos y no hacer caso a rumores o información y prestar atención solo a la información que emita Casa Presidencial (Capres) y el gabinete de seguridad respecto a esta situación.
El decreto de Régimen de Excepción se debió al repunte de homicidios del fin de semana que dejó como saldo la muerte de 87 personas a nivel nacional, según cifras oficiales.
Violencia acabó con la vida de 87 personas en tres días en El Salvador
Los homicidios se concentraron en su mayoría en los departamentos de La Libertad (16), San Salvador (14), Ahuachapán (14), Sonsonate (10) y Santa Ana (8).
Con los 87 homicidios de estos últimos tres días, en marzo se contabilizan 165 muertes violentas, 75 más que en el mismo período del año pasado en el que se registraron 90.
El Régimen de Excepción estará vigente durante 30 días, según lo aprobado.
Según el decreto, el régimen de excepción implica la suspender los derechos de libertad de asociación, a la defensa, plazo máximo de la detención administrativa y el de la inviolabilidad de la correspondencia en el sentido de intervención de las telecomunicaciones.