El gobierno salvadoreño y la banca privada en el país decidieron llegar a un acuerdo para ampliar los plazos en los que el Ejecutivo debe pagar la deuda que ha adquirido con ese sector a través de la colocación de los Certificados y Letras del Tesoro (Cetes, Letes), según señaló recientemente el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado.
Con esta ampliación, el gobierno de Nayib Bukele ya no estará obligado a enfrentar estos compromisos de deuda con plazos de un año después de haber obtenido préstamos por esta vía, pues el acuerdo ahora contempla plazos de 2, 3, 5 y de hasta 7 años.
En este sentido, el hecho de que el gobierno acepte esto es una señal de que la liquidez y las finanzas públicas están en problemas, todo “en el marco de la incapacidad del gobierno de poder acceder a fuentes de financiamiento externo”, como apunta el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda.
VER: Gobierno acepta propuesta de los bancos de ampliar plazo para pagar deuda interna
Según el economista, “si el gobierno pudiera acceder a disponer de financiamiento externo no estaría en esta situación, pero sucede que por sus propias decisiones se ha colocado en un escenario donde prácticamente depende únicamente de la deuda interna”.
Este último punto ha sido cuestionado por distintos economistas en el país, pues luego de que el Ejecutivo no pudiera alcazar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de que algunas acciones antidemocráticas afectaran su calificación crediticia, no ha podido encontrar opciones de financiamiento, ni a través de emisiones de bonos soberanos, ni a través de multilaterales, a excepción del BCIE o de la Corporación Andina de Fomento.
Esto ha provocado, entonces, que recurra a los bancos privados en el país, por lo que según información de Hacienda, al 30 de junio 2023 el gobierno debía en Letes $1,220.8 millones, mientras que en Cetes eran $1,347.1 millones, es decir una suma de $2,567.9 millones en deuda de corto plazo.
Debido a esta alta dependencia del gobierno por utilizar la colocación de esos títulos valores es que la deuda de corto plazo es considerada como la “tarjeta de crédito” del ejecutivo, y de la cual se ha sostenido en los últimos dos años, prácticamente.
Aún así, el economista Luis Membreño considera que, en el fondo, esta ampliación en los plazos puede ser algo positivo en cuanto a las finanzas del país pues “al gobierno le conviene en el sentido de que le da tiempo para tratar de incrementar la recaudación de impuestos y de tratar de bajar gasto, y de esa manera abrir espacio al pago de la deuda, pues actualmente lo que queda claro es que hay problemas de liquidez”.
“Si el gobierno pudiera acceder a financiamiento externo no estaría en esta situación, pero se ha colocado en un escenario donde depende únicamente de la deuda interna”.
Ricardo castaneda, economista del icefi
Asimismo, y por el lado de los bancos privados, Membreño considera que también será este sector el gran beneficiado pues, con una ampliación de plazos, disminuye la posibilidad de que el gobierno caiga en un impago de esa deuda de corto plazo, al mismo tiempo de que también seguirán percibiendo los pagos de intereses por los montos prestados al gobierno.
Por su parte, el también economista e investigador, Rommel Rodríguez, apunta que con este acuerdo podrían salir beneficiados todos los sectores, aunque aclara que esto sucedería “si el gobierno hace el esfuerzo por ordenar sus gastos, pero si solo es un medio para salir al paso a los compromisos de deuda y después se vuelve a elevar rápidamente la deuda de corto plazo, no salimos de nada”.
Estos posibles esfuerzos por ordenar lo relacionado a la deuda ya se ha visto anteriormente, como lo fue la recompra del Bono de $800 millones que venció en enero, o la recompra adelantada del Bono a vencer en 2025 por la misma cantidad, acciones que, en opinión de los economistas, han sido encaminadas a mejorar la imagen y el perfil crediticio del país ante los inversionistas internacionales.
Aún así, y pese a estas acciones, el gobierno podría enfrentarse a fuertes obligaciones de deuda en los próximos años, posiblemente desde 2027, debido a que en ese año deberá pagar otros $800 millones más por el Bono que vence en ese año, así como también que deberá asumir los pagos por intereses de la deuda previsional, cuyo período de gracia también finaliza en ese año.