La Corporación Andina de Fomento (CAF), organismo bajo el que funciona el Banco de Desarrollo de América Latina, hizo oficial la incorporación de El Salvador como uno de sus países socios.
Con ese anuncio, el país se convierte en la nación número 20 que conforma a la entidad, según detallaron las redes oficiales del CAF, organismo que tiene sede en Caracas, Venezuela.
La entrada en vigor del convenio, que fue ratificado por la Asamblea Legislativa en mayo pasado, ocurre en un contexto en el que El Salvador se enfrenta a dificultades para acceder al mercado de la deuda en el marco internacional, algo que viene aunado con la baja calificación crediticia que tiene el país a partir de las decisiones políticas y económicas del actual gobierno.
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No obstante, el CAF le daría la posibilidad al gobierno de acceder a un nuevo mercado de deuda, pues al haberse adscrito al organismo, éste podría prestarle hasta $1,840 millones al país, aumentando así los niveles de deuda que ya posee, y los cuales han sido calificados como insostenibles por organismos como el Fondo Monetario Internacional.
El convenio entre el gobierno salvadoreño y el CAF se suscribió en diciembre de 2021, y el mismo fue firmado por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien explicó en febrero los aspectos técnicos y financieros de esta incorporación.
Para formar parte de ese banco regional el país suscribió hasta $460 millones en acciones, las cuales se pagarán en siete años y con cuotas de más de $65 millones, según detalló el funcionario en esa ocasión.
Pero Zelaya señaló que el organismo puede facilitar financiamientos de hasta 4 veces la cantidad de acciones suscritas, lo que significa que el gobierno podría añadir una deuda equivalente a cuatro veces $460 millones.
Además, el CAF podría, incluso, hacer ese desembolso desde el momento en que el país cancele la primera cuota de $65 millones, la cual debe pagarse antes de que termine septiembre.
La posibilidad de que el gobierno adquiera ese monto en préstamos podría ser una alternativa para evitar el impago de un bono de $800 millones que vence en enero del próximo año.
Una publicación del periódico digital El Faro sostiene que, de hecho, el préstamo con el CAF y otras medidas como la nacionalización de los fondos de pensiones de los trabajadores salvadoreños podrían ser esas opciones que la administración Bukele está barajando para evitar esta situación.
Por su parte, el economista Rafael Lemus, dijo en días anteriores a El Diario de Hoy que "es muy posible que el país logre pagar esa deuda", pero aclaró también que “eso no resolverá los problemas financieros del país”.
Lemus hizo énfasis en que dicho bono “es solo uno de los compromisos”, por lo que los problemas del país, en ese contexto, son más estructurales, pues "la deuda pública seguirá siendo insostenible para las finanzas del país”.