Las salidas de los dos últimos ministros de Agricultura en el gobierno de Nayib Bukele estuvieron rodeadas de crisis, investigaciones y fuertes señalamientos contra los exfuncionarios por su rol al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Pablo Anliker y las compras de paquetes alimenticios
El caso más emblemático fue el de Pablo Anliker, quien fue el titular del MAG desde el 1 de junio 2019 al 7 de abril 2021. Pero tras ser removido como ministro ocupó el cargo de viceministro de Agricultura por un breve tiempo: desde mediados de abril hasta finales de mayo pasado cuando nombran a María Lilian Pacas de Bolaños en ese cargo.
Antes de dejar el cargo, Anliker estuvo bajo la lupa de las autoridades de varias instituciones por presuntas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.
Una de esas entidades que investigaba las compras de alimentos hechas bajo la administración de Anliker fue la Fiscalía General de la República, antes que el oficialismo impusiera como fiscal a Rodolfo Delgado, quien luego fue reelegido en el cargo.
También la Corte de Cuentas indagaba presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de paquetes alimenticios para el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), los cuales se tenían que destinar a la población en el marco de la pandemia por Covid-19.
Entre los principales hallazgos señalados en una auditoría de la Corte de Cuentas estaba la compra de harina de maíz con sobreprecio, compra de productos alimenticios sin registros sanitarios y nulos registros de consumo de las empresas extranjeras a las que les compró los insumos.
La Asamblea Legislativa anterior también investigaba el uso de millones de dólares de fondos públicos en Agricultura para las compras de granos básicos en el extranjero, sobre todo a México, para los paquetes de alimentos. Anliker dispuso de dinero que era asignado al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), pero del cual se negó a rendir cuentas de lo gastado. En diciembre de 2020 llegó a decir, sin mayores detalles, que se habían ejecutado $145.8 millones de ese fondo y que otros $62 millones eran para “cuentas por pagar de las compras” que hicieron.
Además, Anliker se negó a dar cuentas de cuánto y cómo usó fondos públicos que le fueron asignados mediante el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción (FERRE) cuando se lo solicitó el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana, un ente creado con la finalidad de fiscalizar el uso de $2,000 millones aprobados al gobierno de Bukele en el marco de la pandemia.
A eso se suma que fue denunciado ante el Tribunal de Ética Gubernamental por conflicto de intereses con proveedores de productos que compró Agricultura para los paquetes alimenticios.
El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) lo denunció por el supuesto vínculo de parentesco con miembros de una empresa mexicana a la que el MAG le compró atún.
Sin embargo, a todas las instituciones que indagaban las compras en la gestión de Anliker, el exministro se negó a darles la información, pese a que debía ser pública y, sobre todo, porque usó dinero de los salvadoreños.
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También sectores productivos señalaron que las decisiones del exfuncionario fueron en detrimento de los productores locales y denunciaron que las compras de granos básicos, como maíz, arroz y frijol, en el exterior les perjudicaban y los estaban ahogando.
Por ejemplo, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) denunció en julio de 2020 que el Ministerio de Agricultura pagó $2.8 millones de sobreprecio por la compra de maíz de Sinaloa, en México, comparado con el precio al que pudo comprarlo a los productores locales.
“Tengo información que el Gobierno pagó en Sinaloa la tonelada métrica a $320 y aquí a los productores locales se les paga a $264.56, lo que indica que pagó un sobreprecio de $55.44 por tonelada al comprarla en el extranjero”, aseguró Luis Treminio, presidente de Campo, en esa oportunidad.
Asimismo, el sector ganadero fue otro de los que denunció las compras de leche a empresas extranjeras, sobre todo de Nicaragua. De hecho, las importaciones de lácteos nicaragüenses incrementaron sustancialmente con la llegada del nuevo gobierno. "Solo el año pasado (2020) las importaciones de Nicaragua subieron un 33%, eso significa un aumento de 250,000 botellas de leche diarias, con esto saturan el mercado y al hacerlo vender productos (locales) es más difícil”, señaló Alfonso Escobar, de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (Proleche), en febrero del año pasado.
Cuando Anliker se despidió de su cargo expresó: “Di lo mejor de mí para este importante sector productivo y estoy orgulloso de haber formado parte de la transformación del agro en nuestro país”.
David Martínez y el intento de regular la importación de lácteos
El exministro, quien sustituyó a Anliker en el cargo desde el 7 de abril 2021 hasta el 9 de marzo 2022, llegó al MAG en un intento del gobierno de aplacar la crisis que dejaba el antecesor.
A Martínez, quien se desempeñó como asesor de la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia desde junio 2019 hasta la fecha en la que asumió el cargo de ministro, le habían asignado una misión: reactivar el agro salvadoreño.
“Ahora pasará a dirigir la cartera con la que impulsaremos la reactivación del agro en nuestro país”, tuiteó Bukele el día que nombraron a Martínez.
El exfuncionario se comprometió con los productores locales a "cumplir con el Plan Maestro de Rescate Agropecuario".
Con una licenciatura en Marketing, un postgrado en Finanzas y dos maestrías: una en Administración de Negocios y otra en Finanzas Corporativas, el exministro no logró despegar el agro salvadoreño, pues los sectores productivos continuaron denunciando que las importaciones de alimentos no paraban y que sus economías estaban cada vez más constreñidas.
Sin embargo, casi al final de sus 11 meses en el cargo, Martínez enfrentó una crisis que lo puso en aprietos: fuertes alzas en los lácteos.
Los ganaderos denunciaron en enero de este año que los incrementos en los precios de lácteos se debían a que Nicaragua estaba endureciendo sus normas fitosanitarias para exportar sus productos, porque querían entrar a otros mercados en Centroamérica, además que ese país había bajado la producción de leche.
Además, Proleche volvió a pedir en enero al gobierno que les ayudara a levantar al sector ganadero ante la crisis por el alza de importaciones nicaragüenses que no cesaban.
El exfuncionario primero negó que hubiera incremento de precios de los productos, pero tras las incesantes quejas de los productores y los consumidores por los altos precios hubo un giro en el discurso del ahora exministro de Agricultura.
“Vamos a hacer que los precios bajen esta misma semana”, aseguró Martínez el pasado 25 de enero.
También aseguró que "el alza desmedida de los lácteos ha sido provocada de una manera muy abusiva por personas que tienen intereses propios. Advertimos que no dejaríamos pasar por alto esto y así será hoy. No es justo que jueguen de esta manera con el bolsillo de los salvadoreños”, según declaraciones a radio 102.9.
En otra entrevista televisiva explicó que los cambios se debían a que el gobierno había implementado un control en las fronteras donde ingresan los lácteos nicaragüenses y que a cada contenedor se le estaban haciendo muestreos.
“A partir del año pasado empezamos a hacer un muestreo del 100 % de lo que ingresa al país en el tema del quesillo, y un 80 % de queso morolique porque Nicaragua es el productor más grande de la región, pero es el consumidor más bajo”, aseguró el exfuncionario.
Pero Martínez no se quedó hasta allí y afirmó que habían identificado una lista de los importadores principales a los que les lanzó la advertencia de que quienes hayan incrementado los precios de los productos lácteos se les impondrá una multa de 500 salarios mínimos y prisión de 2 a 4 años.
Un par de semanas después, la Defensoría del Consumidor aseguró que ya se habían controlado las alzas de precios a los lácteos.
“Los incrementos que se presentaron en su momento fueron en dos tipos de producto: el quesillo nacional y nicaragüense y el queso seco, entre ellos el duro blando y morolique que tuvieron un incremento de precios de un 30 %, pero en en las últimas dos semanas se logró detener ese comportamiento alcista que se venía presentando”, aseguró Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría, el pasado 16 de febrero.
Un día antes de que anunciaran el relevo de Martínez por Enrique Parada Rivas, el exministro se reunió con representantes del sector agropecuario para abordar las demandas que tienen ante los incrementos en los insumos agrícolas y otras materias primas.