Un préstamo formal tiene un precio que pagar que se le conoce como Tasa de Interés. Y así como un salvadoreño, cuando acude a un banco o cooperativa a prestar dinero sabe que tiene que pagar más de lo que le han prestado, lo mismo ocurre cuando los gobiernos hacen préstamos de dinero. En ese caso, lo que inversionistas o bancos cobren por el préstamo dependerá de qué tan endeudado está el gobierno y si tiene capacidad de pago.
Antes de que Nayib Bukele asumiera la presidencia del país, y por ende, el control de las finanzas del Estado, el promedio del interés que el sistema financiero local cobraba por las deudas de corto plazo, por ejemplo las Letras del Tesoro Público (Letes), era del 5.7% en 2018. Es decir, que por cada $100 que al gobierno de Salvador Sánchez Cerén le prestaban, pagaba $5.70 de intereses.
Ahora, la tasa de interés promedio es del 7.5% y, en ocasiones, durante el periodo de Bukele ha superado el 9%. Esto se debe a varios factores, por ejemplo, el incremento de la deuda.
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Si bien el gobierno de Bukele asumió una deuda elevada, específicamente de $12,548 millones, a criterio de la economista Tatiana Marroquín, las finanzas de ese entonces llevaban un “camino de ordenamiento”.
Sin embargo, Bukele no solo ha hecho crecer la deuda abruptamente, sino que además las decisiones que ha tomado, como adoptar el Bitcoin como segunda moneda legal, ha provocado que los inversionistas extranjeros o las multilaterales se alejen y no quieran prestarle dinero a El Salvador.
Bajo esa lógica, ¿por qué entonces se dice que la tasa de interés es más alta si nadie quiere prestarle dinero en el extranjero? La respuesta es que el gobierno no solo puede solicitar préstamos de dinero a los inversionistas extranjeros, también puede gestionar deudas de corto plazo en el sistema financiero local, es decir puede pedirle dinero prestado a los bancos que guardan los ahorros de los salvadoreños, a las aseguradoras y a los cotizantes que tienen ahorrados sus fondos en las AFP.
Y es ahí donde la tasa de interés ha crecido a un punto porcentual entre junio de 2019 y marzo de 2022 y, en ocasiones, hasta tres puntos porcentuales, llegando así a pagar incluso $9 por cada $100 que el gobierno pide prestado localmente.
“En el 2020, el Gobierno le dice a los bancos: ‘vaya, yo necesito dinero. Entonces te voy a soltar la reserva de liquidez y préstame ese dinero’. Entonces, si fueras un banco te dicen: ‘ahora te voy a pedir prestado esto que no te daba ninguna ganancia, e incluso te dicen que determines la tasa de interés...”, explica Marroquín.
Que el sistema financiero local suba la tasa de interés en los préstamos que le otorga al gobierno significa que el nivel de riesgo de prestarle ese dinero es alto, principalmente, por el nivel de deuda actual. Según el Banco Central de Reserva (BCR), para marzo de 2022 la deuda del gobierno central asciende a $17,129.46 millones.
Pero si se compara con la deuda de los últimos gobiernos ésta ha alcanzado una cifra récord.
En casi tres años, el gobierno de Nayib Bukele ya rebasó a sus antecesores en incrementar la deuda pública. Desde 2012 hasta 2018 la deuda del gobierno central incrementaba 3.5 %, en promedio, cada año. Una vez Bukele llega al poder, la deuda sube a 19.42 % y en 2021 se queda en 9 %. Pese a esa caída, los niveles de incremento de deuda siguen siendo altos si lo comparamos con el 3.5 % que ocurría hace unos años.
Desde luego que la forma en la que la administración Bukele conduce el barco de las finanzas ha repercutido en la percepción de los inversionistas internacionales y en la calificación crediticia que dan las empresas calificadoras de riesgo como Standard & Poor’s y Fitch.
Moody’s, por ejemplo, evaluó una vez más la capacidad de pago que tiene El Salvador y concluyó que el riesgo de no pagar sus deudas es muy alto. Es decir, dio a conocer el pasado 4 de mayo a los inversionistas que corren un “muy alto riesgo” si le prestan dinero a El Salvador, pues es muy probable que no les puedan pagar a tiempo.
Consecuencia de ello es que ahora mismo el Ejecutivo se ve en una situación complicada con los inversionistas extranjeros, pues no hay suficiente interés en querer prestarle dinero, y si se animan a hacerlo la tasa de interés que ponen es altísima.
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Ante ello, el gobierno se ha dedicado a prestarle dinero al sistema financiero local, mismo al que le debe un aproximado de $6,002 millones que se deben ir pagando en plazos de 365 días y a un interés superior a lo que se pagaba en gobiernos anteriores.
“Para ellos (bancos locales, aseguradoras y AFP’s) es riesgoso porque le estás prestando dinero a uno de los países más endeudados y con mayores problemas financieros actualmente”, explicó Marroquín.
Asimismo, a criterio del economista Rafael Lemus, la inestabilidad en las decisiones fiscales del país “mina la confianza (de los inversionistas) y eso conlleva a que se desconfíe de la capacidad de Moody’scalif pago. (…)”.
Lemus agrega que el riesgo va en aumento. “Yo creo que el gobierno va a pagar (sus deudas), pero dañando la sostenibilidad del sistema de pensiones que ya es insostenible y lo va a hacer más insostenible”, considera.
Decisiones fiscales también influyen
La mala imagen financiera de El Salvador a nivel internacional no es solo por su alto nivel de endeudamiento, sino que también las decisiones políticas influyen en ello, por ejemplo, la entrada en vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021.
Esas decisiones que, hasta el momento no han dado resultados oficiales sobre cómo ha cambiado la vida de los salvadoreños a nivel económico, sí han provocado la reacción de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a inicios de este año pidió al gobierno eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal por “los grandes riesgos asociados” con su implementación en la economía salvadoreña.
El problema con que la gestión de Bukele no tome en cuenta las recomendaciones del FMI es que están en juego $1,300 millones que ya había solicitado a ese organismo multilateral para atender las necesidades financieras para este año y el próximo. Pero las conversaciones llevan más de un año sin un fruto claro. Y en vista que al gobierno le costará cada vez más que alguien le preste, se ponen en riesgo proyectos sociales prioritarios.