Diferentes representantes del sector empresarial han expresado su rechazo ante las propuestas de reformas planteadas por el Gobierno a la Ley Anti Extorsión que buscan sancionar con 5 a 8 años de cárcel a quien pague la denominada “renta”.
Este viernes, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) también reaccionó y expresó su preocupación tras las declaraciones de los funcionarios del gabinete de Seguridad al momento de presentar esta iniciativa en la Asamblea, el pasado miércoles, la cual llevaron junto a la petición de la novena prórroga del régimen de excepción.
“Creemos que la justicia debe buscar la restauración de los derechos de las víctimas de cualquier delito y no puede convertirlas en delincuentes”, externó la Camarasal en declaraciones a El Diario de Hoy.
Una de las figuras presentadas en la reforma de Ley señala explícitamente que el delito de “financiamiento ilegal de organizaciones criminales” a través de la extorsión será aplicado a “grandes y medianos contribuyentes”.
“Se incorpora el delito de financiamiento ilegal de organizaciones criminales, donde se prohíbe y se sanciona penalmente de 5 a 8 años a aquellas empresas, directivos, representantes legales, catalogados como grandes o medianos contribuyentes del Estado de El Salvador, a pagar extorsión a ninguna estructura criminal”, dijo Villatoro en rueda de prensa el pasado miércoles.
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“En este caso, a raíz de las declaraciones de los funcionarios, nos preocupa que se esté sugiriendo que las víctimas de extorsión podrían ser catalogadas como cómplices de estructuras criminales”, manifestó la Cámara de Comercio.
Sin embargo, la gremial manifestó que aún no ha tenido acceso a la propuesta de reforma de ley, por lo que aún no tienen un análisis más amplio de la misma. "Estamos a la espera de conocer el proyecto para poder dar una postura más concreta”, se indicó.
La Cámara de Comercio, además, dijo que espera que en esta reforma se involucre y tome en cuenta a todos los afectados, así como al sector empresarial.
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Cuestionamientos de ASI y ANEP
La postura de la Cámara de Comercio se suma a la de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), cuyo presidente, Eduardo Cader, cuestionó a través de su cuenta de Twitter: “¿Quién en su sano juicio pensará que pagar una extorsión es para financiar maras?; la pagan por cuidar su seguridad, la de su familia y la de sus colaboradores”.
Por su parte, representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) también han recalcado que “las empresas de todo tamaño y los ciudadanos son víctimas en el delito de extorsión” y, por tanto, “es obligación del Estado tratar a quienes sean extorsionados como lo que son: víctimas”.
La inseguridad en el país también ha empañado a este sector, solo en 2021 los empresarios del transporte denunciaron que se vieron obligados a pagar 12 millones de dólares a las pandillas bajo amenazas para que no se cometieran ataques contra ellos, su personal y sus familias.