“Con las criptomonedas nadie está protegido”, es lo que afirma el economista y consultor salvadoreño, Luis Membreño, con respecto a la inestabilidad que ha presentado ese mercado en las últimas semanas y dentro del cual el Bitcoin ha sido de los activos digitales que más han sufrido los efectos negativos.
En ese sentido, la criptomoneda que ha sido implementada como moneda de curso legal en El Salvador desde septiembre de 2021 ha experimentado pérdidas en su capitalización de mercado de hasta más del 50% con respecto a los valores que alcanzó en noviembre de 2021, cuando estuvo a punto de sobrepasar los $69,000, precio que hasta la fecha es su máximo histórico.
En semanas anteriores, además del Bitcoin, dos criptomonedas de amplia utilización también sufrieron un trágico desplome: Luna y UST, ambas creadas por la empresa Terraforms, las cuales estaban enfocadas en ser una especie de “monedas estables” que permitían a sus usuarios tener una garantía de que su valor estaría vinculado con el del dólar estadounidense. Sin embargo, una falla en su protocolo de funcionamiento hizo que ambas colapsaran y ocasionaran pérdidas graves a sus inversionistas, pues para el caso de Luna su valor se desplomó en un 99.99%.
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Pero ¿qué pasaría si algo así sucediera con el Bitcoin?
Si bien es cierto que la depreciación de la criptomoneda de más uso y fama en el mundo se debe a factores más internacionales, económicos y hasta políticos, expertos citados por medios especializados han apuntado que podría caer hasta los $10,000, un valor que podría significar lo peor para aquellos que han invertido fuertes cantidades.
De hecho, el mismo gobierno salvadoreño ha estado comprando Bitcoin con dinero de los contribuyentes.
Desde un día antes de que entrara en vigencia la Ley Bitcoin, el presidente Nayib Bukele comenzó a comprar cientos de esa criptomoneda. A la fecha, y según tuits del mandatario, el país “posee” en sus reservas 2,301 bitcoins, que equivalen a un gasto de fondos públicos que superan los $105 millones.
Con la devaluación que ha presentado el criptoactivo en las últimas semanas, los salvadoreños ya habrían perdido al menos $38.6 millones.
Para Membreño eso es algo preocupante debido a que “el gobierno maneja las compras de Bitcoin como si fuera una cuenta personal y no una cuenta de país. Una cosa es que alguien pierda su propio dinero y otra es que pierda recursos públicos”. Por ello, considera que “hay consecuencias legales que están por definirse”.
Por otro lado, estarían las inversiones que pudieran haber realizado los salvadoreños con su propio dinero, bajo la esperanza de obtener ganancias y la inclusión financiera que prometió el gobierno cuando impulsó la ley.
En ambos casos no existe ningún tipo de protección frente a las posibles pérdidas que habrían en un desplome más fuerte en el mercado, debido a que el Bitcoin y todas las criptomonedas funcionan bajo la ideología de “descentralización”, es decir, que no dependen de ninguna institución o autoridad financiera para funcionar, algo que no les permite contar con herramientas de protección como en el caso de la banca tradicional.
En ese contexto, por ejemplo, si un banco en El Salvador cayera en bancarrota, los usuarios podrían protegerse por medio del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD), una entidad pública que funciona con fondos que guardan los mismos bancos para reintegrar a los afectados hasta $10,832.
En cambio, ante un escenario de pérdidas en Bitcoin que pudieran enfrentar los salvadoreños que hayan mudado sus ahorros hacia una billetera de criptomonedas, como Chivo Wallet, Membreño reitera que “no hay ningún tipo de herramienta que proteja a los usuarios”.
Y agrega que “si Chivo llegara a quebrar y la gente tiene dinero en esa billetera, lo perdería. No hay nada que proteja a las personas que puedan tener sus ahorros en la billetera del gobierno”, debido a que no existe una cláusula o artículo en la Ley Bitcoin que haga referencia a las alternativas que tendrían los salvadoreños ante un eventual colapso del criptoactivo.
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Piden que organismo las regule
A nivel internacional, luego de que Luna y UST colapsaran, la misma empresa comenzó a buscar alternativas para compensar a sus usuarios, llegando a vender, incluso, hasta 80,000 bitcoins que tenía en su reserva para poder recomprar los tokens que tenían los inversionistas al momento del colapso y, de esta manera, reintegrar las pérdidas.
Esa decisión de Terra, que fue una iniciativa de su fundador Do Kwon, se sale de los parámetros de las criptomonedas, pues como apunta Membreño, cuando una persona invierte en un criptoactivo debe hacerlo conociendo ya los riesgos que radican en la volatilidad.
Aún así, uno de los personajes más influyentes del criptomercado: Vitálik Buterin, quien es fundador de la criptomoneda Ethereum, señaló que la alternativa de Terra podría fusionarse con otras regulaciones que ya existen en Estados Unidos, como la Comisión Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). Esa es una institución equivalente al IGD salvadoreño, la cual ofrece garantías por hasta $250,000 a los usuarios de la banca tradicional en territorio estadounidense.
Sin embargo, esa propuesta de utilizar regulaciones que parten de las autoridades financieras harían que las criptomonedas dejen de ser descentralizadas, por lo que Membreño apunta que si las criptomonedas quieren adscribirse a una institución de garantía de seguros (como el IGD o el FDIC), tendrían que abandonar su filosofía, lo que significa que también tendrían que someterse a las regulaciones del sistema financiero tradicional y que es algo que no le gusta a los principales entusiastas del Bitcoin.
En España, por ejemplo, existe una Asociación de Afectados por Inversión en Criptomonedas (AAIC), la cual ha documentado los casos de hasta 3,500 personas de 15 países distintos que han sufrido pérdidas que suman hasta $950 millones, según un artículo del periódico El Economista. La AAIC propone que exista una regulación general que proteja a los usuarios de criptomonedas de este tipo de pérdidas.