El Primer Sondeo Empresarial 2022, realizado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) arrojó importantes datos a cerca de cómo el sector empresarial en el país percibe la situación económica y social en general.
Uno de los principales hallazgos que refleja dicho estudio, que fue realizado entre enero y febrero de este año, es que las empresas y comercios salvadoreños ven con preocupación el tema del alto nivel de endeudamiento que el país ha venido acumulando en el último año, algo que afecta directamente la calificación crediticia de El Salvador.
A principios de febrero, por ejemplo, la agencia Fitch Ratings emitió la rebaja al perfil crediticio de El Salvador, que pasó de B- a CCC, algo que coloca los bonos salvadoreños a nivel de “bonos basura”, tal como ya los había degradado la también calificadora Moody’s.
Con este perfil de riesgo país, El Salvador se enfrenta a un escenario de dificil acceso a financiamiento, así como al pago elevado de intereses por la deuda que tiene pendiente por pagar.
Esos dos puntos, precisamente, son los principales problemas que el gobierno debe abordar, según las empresas encuestadas por Camarasal, gremial que considera que esa baja calificación afectaría a los sectores económicos del país en una especie de efecto cascada.
Así lo explicó el presidente de la Cámara, Jorge Hasbún, quien hizo referencia al indicador de riesgo país medido a través del EMBI (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) que, para El Salvador, alcanzó el martes una cifra récord de 19.28 puntos básicos respecto a la tasa de interés que pagan los bonos estadounidenses.
Lo anterior se traduce en que el país debe pagar más de $19 en intereses por cada $100 que pida prestados, algo que se vuelve insostenible para un país con la economía como la salvadoreña.
Hasbún apunta que esta situación del perfil de riesgo no solo afecta a los préstamos que solicite el país, sino, a los ciudadanos y empresas salvadoreñas, debido a que los altos intereses también recaen sobre los créditos en la banca interna.
Por ello, según la encuesta de Camarasal, 23.5% de las empresas encuestadas creen que reducir el riesgo país y el endeudamiento son los principales problemas que debe resolver el gobierno.
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Actualmente, el país acumula un nivel de deuda de hasta un 85.6% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), y según dijo recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), ese endeudamiento es cada vez más insostenible para las finanzas salvadoreñas.
Con respecto a ese organismo multilateral, el presidente de Camarasal agregó que “nos gustaría que El Salvador lograra un acuerdo con el FMI, pues implicaría una serie de ajustes para que el país sea sostenible”.
Lo anterior en referencia al acuerdo de servicio ampliado por $1,300 millones que el país necesita cerrar con esa entidad y cuyas negociaciones se encuentran estancadas desde hace casi un año.
Otras preocupaciones
Además de la deuda y del perfil de riesgo del país, las empresas consultadas por Camarasal sostienen que el tema de inseguridad es otro de los puntos que más les preocupan y que el gobierno debería antender de forma inmediata.
Esto porque el sector comercial es de los principales afectados por hechos delictivos como las extorsiones o los robos y hurtos, situaciones que han experimentado el 23% y el 61% de los encuestados, respectivamente.
En este sentido, algo que reflejó el sondeo es que el 60.7% de los empresarios decidió no interponer ningún tipo de denuncia, sobre todo, porque existe desconfianza en las autoridades de seguridad.
Dentro de las demás preocupaciones que tienen los empresarios salvadoreños está el del clima para las inversiones y la seguridad jurídica, dos factores que se vieron muy debilitados luego de que el gobierno cometiera varias acciones autoritarias en 2021, como lo fue la destitución ilegal de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Fiscal General.
Esa violación a la separación de poderes también agregó más incertidumbre al perfil de riesgo del país el año pasado.
Por ello, el 11.7% de las empresas consideró que debe atenderse esa problemática de cara a mejorar el panorama para los negocios y comercios en el país.
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A propósito de ese punto, otra de las preocupaciones que tienen los empresarios es el tema de los incentivos para la creación y expansión de las empresas, así como la situación de los altos costos que están enfrentando por distintas coyunturas.
El 11.8% de las empresas consultadas cree que el gobierno debe generar ese tipo de incentivos que permita crecer a los negocios, mientras que el 9.3% sugiere que el Ejecutivo emita medidas temporales para enfrentar el alza en esos costos que tienen de operación.
Dentro de ese punto entra en juego la crisis global de suministros y el encarecimiento que han presentado los precios de los combustibles derivados del petróleo, algo que ha provocado que las empresas tengan que invertir más en su funcionamiento.
En meses anteriores, gremiales como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) habían mencionado que el gobierno debería ejecutar acciones como la suspensión del IVA en las importaciones o el congelamiento temporal de los impuestos en los combustibles.
Con respecto al tema de la gasolina y del diésel, que en la última actualización de precios presentaron aumentos de hasta $0.23, Hasbún reconoció que el gobierno debería intervenir, pues sus efectos se verán en todas las áreas de la economía si siguen incrementando o, en el peor de los casos, se presente una escasez.
“Prácticamente todos los países de Centroamérica han implementado medidas ante el aumento del precio de los combustibles”, señaló el presidente de la Cámara durante la presentación del sondeo.
