En vista de que el gobierno de Nayib Bukele tiene cada vez más cuesta arriba conseguir préstamos fuera del país y a nivel interno se agotan las opciones, varias agencias de análisis financiero y calificadoras de riesgo han advertido en los últimos meses que la gaveta que va quedando por abrir son los ahorros de los trabajadores en las AFP.
Un reciente informe de la agencia inglesa EMFI, en el que hacía un diagnóstico de las finanzas salvadoreñas y las dificultades para obtener financiamiento, señalaba que “mirando en los bolsillos domésticos” del país “finalmente, el gobierno salvadoreño puede obtener fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales están obligadas a comprar emisiones nacionales de Certificados de Inversión Previsional (CIP)”.
A criterio de los expertos de la compañía de análisis financiero, la administración Bukele podría hasta “confiscar” parte de los fondos en las AFP en el marco de la reforma de pensiones que ha anunciado desde septiembre 2021 que presentará ante la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de la cual a la fecha se desconocen detalles.
PUEDE VER: "La reforma de pensiones va a mover las capas tectónicas del país", afirma Rolando Castro
En el informe de EMFI, del pasado 4 de abril 2022, se plantea que la deuda del gobierno con el sistema de pensiones ha aumentado constantemente desde su reforma en 2006 y que se incrementó en $253 millones en 2021.
“Creemos que el gobierno podría obtener un monto similar este año o incluso más si la reforma que propondrá el gobierno incluye aumentar la participación de los CIP en la cartera de las AFP o confiscar parte de sus fondos”, dice en el documento, al cual ha tenido acceso El Diario de Hoy.
En otro informe que EMFI emitió el 12 de julio 2021 también advirtió que “la nacionalización de las AFP parece una posibilidad real. Es claro que el objetivo es fundamentalmente fiscal y confiscatorio”.
Según los datos plasmados en el documento, entre las dos AFP que existen en el país los trabajadores tienen un ahorro total de $12,100 millones en cuentas individuales, de los cuales $7,000 millones están invertidos en los CIP que el gobierno obliga por ley a comprar y $2,300 millones en otros títulos gubernamentales.
Pero la agencia inglesa considera que el gobierno podría usar parte de ese dinero para pagar compromisos para los cuales ya no le alcanzan los fondos.
“Es probable que los $2,800 millones restantes se asignen para financiar el déficit fiscal”, vaticinó.
Al hacer eso, añaden los analistas de EMFI, que la deuda del gobierno se reduciría en un 20%, pasando de casi el 90% actual al 70% del PIB (Producto Interno Bruto).
“Sin embargo, esto no resuelve la insostenibilidad financiera del sistema de pensiones, un ajuste debe pasar por cambios en la edad de retiro y pensiones”, planteó.
Otras agencias lo han señalado
Además de EMFI, la calificadora de riesgo Moody’s en el informe divulgado este 4 de mayo, en el que degradó más la calificación crediticia de El Salvador y coloca al país a un peldaño de la categoría de impago, también se refirió al tema de las pensiones y cree que esa sería una salida del gobierno para obtener dinero.
“El gobierno ha anunciado su intención de reformar el sistema de pensiones, lo que según Moody’s podría liberar liquidez para cumplir con el pago de bonos de 2023. Sin embargo, dado que no se han proporcionado detalles hasta la fecha, los riesgos crediticios soberanos siguen siendo elevados”, advirtió la calificadora estadounidense.
TAMBIÉN: ¿Son los ahorros para pensiones el último recurso de liquidez para El Salvador? Esto dice la agencia Moody's
Asimismo, la calificadora de riesgo Fitch, en su informe de febrero2022, indicó que las opciones de financiamiento del gobierno de Bukele en el mercado local son limitadas, pues casi alcanzaba el límite superior legal de $1,600 millones en deuda de corto plazo, mediante Letras del Tesoro (Letes), así como en Certificados del Tesoro (Cetes) por $1,300 millones. Esta es deuda que se debe pagar en plazos máximos de un año.
Ante ese panorama de compromisos millonarios por pagar y con menos opciones de obtener créditos, Fitch anticipaba que “los fondos de pensiones privados y los bancos locales tienen un apetito limitado por aumentar su exposición a dichos instrumentos”.
Eso es así porque son los mismos cotizantes activos, quienes por medio de sus ahorros en las AFP, le prestan al gobierno parapagar las pensiones de los jubilados del antiguo sistema.
¿Nacionalizar las pensiones?
Por su parte, la agencia de análisis inglesa Barclays, en julio 2021, también coincidió con EMFI en que el gobierno podría nacionalizar las pensiones, es decir, tomar los ahorros de los trabajadores acumulados en cuentas individuales y pasarlas a manos del Estado.
“Una solución extrema podría ser la nacionalización del sistema de pensiones para obtener el financiamiento necesario”, indicó Barclays en esa oportunidad.
A juicio de EMFI, El Salvador está en un escenario en el que volvería a estatizar las pensiones.
“El Salvador está en eso otra vez. El presidente del Congreso Ernesto Castro (del partido de Bukele) anunció una reforma integral en mayo de 2021. Aún se desconoce el contenido, pero las declaraciones de campaña de Bukele de 2019, así como las del ministro de Hacienda, sugieren una reestatización del sistema”, dice en el documento que emitió EMFI.
ADEMÁS: 5 razones por las que Moodys bajó más la calificación a El Salvador
También cita declaraciones del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien ha dicho meses atrás que una reforma de pensiones debe beneficiar primero al cotizante, luego al Estado y por último a las AFP.
“Aun así, el gobierno todavía tiene la intención de subir las pensiones mínimas, por lo que es posible que la reforma deje las finanzas públicas en el peor de los dos mundos: estatización del sistema de pensiones sin reducir el déficit público (...)”, señaló la agencia.
Si bien la administración Bukele aún no ha presentado una reforma de pensiones a la Asamblea, el pasado 2 de mayo, llevó ante el Congreso una solicitud para ratificar cinco convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), entre ellos el convenio 102 que allana el camino para que el Estado administre la seguridad social, la cual incluye beneficios por vejez.