Xenia Hernández, de Fundación DTJ, ve un incumplimiento descarado del gobierno actual y sus funcionarios afines a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), algo que se agrava cuando el Instituto no muestra independencia para exigir la rendición de cuentas.
Este incumplimiento a tan importante ley se explica precisamente por la misma utilidad de la ley, que abre las puertas a la ciudadanía a lo que por mucho tiempo permaneció en las sombras: el uso de los recursos públicos.
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Entre los principales golpes a la transparencia, ve abusos en reserva de información, nombramientos irregulares de condicionados, negativa a transparentar el gasto durante la pandemia, remoción arbitraria de personal independiente y, más recientemente, una reforma que amenaza con paralizar la ley e inutilizarla por completo.
Temor a la transparencia
A su juicio, estas acciones responden al temor del oficialismo de que se conozca todo lo que están haciendo.
“Tienen miedo de que la ciudadanía conozca la magnitud de las irregularidades y arbitrariedades que están cometiendo. Tienen muy claro que el conocimiento implica poder, y la transparencia es el remedio a la oscuridad bajo la cual la corrupción y el abuso prosperan. Esa oscuridad es la que desean preservar”, afirma Hernández.
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Por ello, considera que cada acción en torno a la Ley de Acceso a la Información va dirigida a “instalar y consolidar” la opacidad.
“La transparencia les incomoda porque expondrá sus verdaderas intenciones y perderán la popularidad que han ganado con un simulacro de lucha contra la corrupción”, concluye la experta en transparencia.