El régimen de excepción se adoptó como una medida para garantizar la seguridad en El Salvador. Sin embargo, según los especialistas esta no tiene una visión integral porque genera afectaciones en distintos grupos en la sociedad. Entre ellos: mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, jóvenes, defensoras y defensores de derechos humanos.
Gonzalo Montano de AMATE, afirmó que el régimen de excepción no es una política pública sino que sería una medida extraordinaria que se utilizó en un contexto en el cual hubo una ruptura de una posible tregua entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas, hecho que ha sido documentado por medios de comunicación y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Nuestra preocupación es justamente esas afectaciones que se han generado en la población inocente”, dijo Gonzalo. Como ejemplo comentó la pérdida de los ingresos familiares, los gastos que el régimen de excepción ha provocado en cada familia, la crisis de cuidados en niños y en personas adultas mayores, porque quienes están al pendiente de las personas privadas de libertad son, en su gran mayoría, mujeres.
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AMATE además ha registrado casos en los que el régimen de excepción ha vulnerado derechos de las mujeres trans. “Tenemos al menos 13 mujeres trans registradas que han sufrido violencia física, no se respeta su identidad ni su expresión de género”, destacó Gonzalo.
Rina Montti de Cristosal, además, mencionó que otro de los graves problemas es la estigmatización a las juventudes. “Tenemos varios casos de personas jóvenes que no necesariamente son capturadas pero sí hay un procesos de hostigamiento, lesiones y de tortura estando fuera de los centros penitenciarios”, explicó.
Además, agregó que usualmente los victimarios son agentes de seguridad del Estado, y en muchos casos, son específicamente miembros de la Fuerza Armada.
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El régimen de excepción no es una política pública
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, destacó que aunque el gobierno en su discurso y narrativa ha presentado el régimen de excepción como una política pública permanente, esto no implica que es lo ideal. “Al contrario, al principio, donde teníamos un Plan Control Territorial fue el que tuvo que haber generado las condiciones para que las personas vivieran con seguridad”, comentó.
Alejandra Burgos de la Red de Defensoras mencionó que “Una sola persona que fuese inocente y que esté detenida en el marco del régimen de excepción valdría la pena para que desde el Estado se revisen las prácticas que se están cometiendo”. Para Burgos también es importante destacar el contexto de hostilidad política en el que se defienden los derechos humanos.