Un reporte publicado ayer por la Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,Marta Hurtado, revela que a un año de vigencia del régimen de Excepción, han recibido denuncias de detenciones arbitrarias basadas en “investigaciones poco fundamentadas, en perfiles toscos de la apariencia física o el origen social de los detenidos”.
Esta posición es manejada también por expertos en la defensa de los derechos humanos nacionales, quienes han denunciado graves violaciones y abusos de poder en el marco del régimen de excepción, muchos de ellos radican en la “estigmatización” social de las personas capturadas.
“El régimen de excepción permanente se complementa con una decisión política ya tomada con anterioridad por los grupos de poder que controlan Casa Presidencial, de violar derechos humanos y saturar a la ciudadanía con la idea de que violar derechos humanos es necesario o se justifica en nombre de la seguridad”, criticó en su momento la defensora de derechos humanos, Celia Medrano.
En tanto que la Portavoz de las Naciones Unidas señala que entienden los desafíos que tiene el gobierno salvadoreño para contrarrestar la violencia de las pandillas y de cumplir con su deber constitucional de garantizar la seguridad ciudadana, pero que esto debe hacerse con base al derecho internacional de los derechos humanos.
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“El estado de emergencia ya lleva un año en vigor en El Salvador, un año durante el cual las autoridades han tomado varias medidas que plantean graves problemas de derechos humanos”, subraya la Portavoz. Indica que les preocupa las condiciones en los centros penitenciarios en donde guardan prisión los detenidos bajo el régimen de Excepción.
Aducen que estos centros son “frecuentemente superpoblados”. “Hemos recibido denuncias de graves violaciones de los derechos de los reclusos, como reclusión prolongada en régimen de aislamiento y presos con enfermedades crónicas que no reciben la medicación prescrita. También ha habido informes de otras formas de malos tratos”, refiere la ONU.
En ese contexto, señalan que es “preocupante” que presuntamente 90 personas hayan muerto bajo custodia del Estado, desde que se promulgó el régimen de Excepción en marzo del año pasado, y que la información de cómo avanzan las investigaciones sobre estas muertes es limitada. “Los Estados tienen un deber mayor de proteger la vida de las personas privadas de libertad”, argumenta la Portavoz.
En junio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también instó al gobierno salvadoreño a cumplir sus obligaciones internacionales y garantizar políticas penitenciarias y de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos.
La ONU refiere que las instituciones nacionales han recogido hasta el momento unas 7,900 denuncias de violaciones de derechos humanos contra los presos en el marco del régimen de excepción.
Según la Portavoz de la ONU, “confiar en un modelo penitenciario excesivo represivo reduce las posibilidades de que los reclusos se reintegren con éxito a la sociedad”, sin embargo, el presidente Nayib Bukele sostiene la narrativa de que los cabecillas y pandilleros no saldrán "nunca" de las cárceles.
La Portavoz de Naciones Unidas reitera que los principios de garantías judiciales se deben mantener, incluso, durante los estados de emergencia, como el declarado por el gobierno de El Salvador desde hace un año.
“El derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, así como las garantías procesales que protegen estos derechos se aplican en todo momento, incluso, durante los estados de emergencia declarados”, refiere el informe.
Amnistía Internacional
Esta organización también reveló ayer en un informe que recoge lo acontecido en distintos países entre 2022 y 2023, entre ellos, El Salvador, que en el país se ha debilitado el Estado de Derecho, que hay un grave deterioro del acceso a la información pública y que las autoridades salvadoreñas se han olvidado de legislar para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Amnistía Internacional también dice que El Salvador ha presentado el índice de privación de libertad más elevado del mundo, con 1,927 personas presas por cada 100,000 habitantes. Añade que hay casos de “tortura” dentro de las cárceles que las autoridades penitenciarias no impidieron y que existe hacinamiento que ha provocado violaciones al derecho a la vida y a la integridad física.
Sin embargo, a todos estos llamados, el presidente Bukele ha dicho que no se metan y que respeten la “soberanía nacional”.
Crítica desde España
Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en EE. UU., comentó en El Confidencial, de España, que: "El respaldo de la población (salvadoreña) a Bukele, por encima del 90%, implica que los salvadoreños han aceptado este nuevo contrato social. Uno en el que el debido proceso, la transparencia y la separación de poderes han sido sacrificados en el altar de la seguridad”.
Ligorría ha trabajado como consultor internacional en administración de crisis y en diseño estratégico de candidaturas presidenciales en América Latina, durante más de 30 años.