Alrededor de 1,200 personas asistieron a la Plaza Salvador del Mundo para denunciar la necesidad de una reforma a la Ley Integral del Sistema de Pensiones, que entró en vigencia en diciembre de 2022. Según los manifestantes, con esta ley, la sostenibilidad del sistema no es alcanzable debido al déficit previsional, que se ha disparado de manera alarmante.
La mayoría de los asistentes a la marcha vistió con camisetas negras que tenían un mensaje concreto: “Queremos una vejez digna”, porque hasta ahora no hay una ley de pensiones que les permita tener los ingresos justos y suficientes para continuar sosteniéndose después de su jubilación.
Con la ley recientemente aprobada, se alcanza una cantidad que los representantes de la Marcha Negra destacan que se vuelve un problema ligado a factores como el trabajo, ahora en extrema amenaza en el contexto en el que se encuentra el país. Patricio Pineda, de la Mesa por Una Pensión Digna, mencionó que esta ley, por falta de sostenibilidad, tiene fines electorales y no es abordada como un derecho social.
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Entre las afectadas están las mujeres, quienes constituyen el 42% de cotizantes en el sistema de pensiones. Además, el trabajo del hogar y el trabajo de cuidado no remunerado son realizados principalmente por mujeres. Consecuente a ello, en el desarrollo de la marcha fueron más las mujeres que salieron a exigir sus derechos.
Hasta ahora, son más de 15,564 personas, entre los 30 a 40 años en 2023, que recibirán una pensión inferior a la que están aportando. Por lo que la población, que marchó con destino a Casa Presidencial, busca que este sea un factor que se pueda modificar con ayuda de la propuesta que entregaron este día.
Otro de los ejes principales de la marcha fue la necesidad de que exista estabilidad laboral, debido a que las cifras indican que en 43 dependencias del Estado hay más de 15,000 personas despedidas sin el debido proceso.
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Por otro lado, uno de los aspectos más preocupantes para la población que se tomó las calles es la libertad sindical y de poder exigir el respeto a los derechos sin ser encarcelados o víctimas de violencia por parte de las autoridades. A ello, se les sumaron los docentes de las Bases Magisteriales, en el que cotizantes del sistema continúan trabajando porque no les es posible vivir con una pensión muy baja y tener una vida digna.